Coahuila.-La diputada local de Morena, Magaly Hernández Aguirre, pidió avanzar en el Congreso de Coahuila en la aprobación de una iniciativa que, señaló, presentó hace un año para proteger a trabajadores de la educación frente a acusaciones que resulten injustificadas, además de considerar sanciones para quienes incurran en estas conductas.
La legisladora se refirió a un caso en el que, según expuso, alrededor de 22 trabajadores y la directora de un plantel fueron acusados injustificadamente, situación que, afirmó, no solamente afectó a los docentes involucrados sino también a la imagen de la institución educativa.
“Queremos que esta iniciativa de ley ya sea aprobada en el Congreso del Estado, precisamente para proteger a las y los trabajadores de la educación”, manifestó.
Al ser cuestionada sobre la posibilidad de establecer sanciones más severas, Hernández Aguirre se pronunció a favor de que existan consecuencias incluso cuando este tipo de acciones sean realizadas como una broma.
“Independientemente que sea una broma o algo, una actitud injustificada, tiene que haber una sanción”, sostuvo.
La diputada afirmó que recientemente recibió una denuncia anónima sobre situaciones similares en escuelas cercanas a la colonia Mirasierra, aunque no proporcionó elementos adicionales que permitan verificar de manera independiente esos casos.
Consideró que cuando se determine la responsabilidad de una persona por acusaciones falsas o injustificadas debería existir una sanción y una disculpa pública por las afectaciones ocasionadas tanto al personal docente como a las instituciones.
“Si hay, en este caso, culpables, pues que se les sancione y que pidan una disculpa pública, porque no nada más están afectando a los maestros, sino también a la institución”, expresó.
Hernández Aguirre vinculó esta problemática con la violencia digital y con el uso de dispositivos móviles y redes sociales entre estudiantes, por lo que consideró que la próxima restricción de celulares en las escuelas puede contribuir a disminuir este tipo de situaciones.
La legisladora insistió en que el Congreso del Estado debe retomar la iniciativa que presentó para establecer mecanismos de protección a las y los trabajadores de la educación ante señalamientos que, después de una investigación, resulten infundados.