Ciudad de México.– Este 22 de mayo de 2025, una corte civil en Miami, Florida, dictó sentencia contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, y su esposa, Linda Cristina Pereyra, ordenándoles pagar al gobierno mexicano un total de 2,488 millones de dólares por su responsabilidad en un esquema de corrupción y desvío de recursos públicos durante su gestión.
La jueza Lisa Walsh, del tribunal del condado de Miami-Dade, resolvió que García Luna debe pagar 748 millones de dólares, mientras que Pereyra está obligada a cubrir 1,740 millones, con base en la legislación local que permite triplicar el monto reclamado originalmente como medida compensatoria.
La demanda fue promovida por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2021, la cual acreditó que entre 2009 y 2018, el exfuncionario operó una red de empresas fachada en diversos países —incluyendo Panamá, Barbados y Estados Unidos— para desviar recursos mediante contratos públicos fraudulentos por más de 745 millones de dólares, utilizando esos fondos para adquirir propiedades y bienes en territorio estadounidense.
La sentencia se emitió por defecto, luego de que García Luna y su esposa no comparecieran ante el tribunal, lo que derivó en una resolución favorable a México sin juicio oral.
Genaro García Luna fue secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012). En febrero de 2023, fue hallado culpable en Estados Unidos de colaborar con el Cártel de Sinaloa, facilitando el tráfico de drogas a cambio de sobornos millonarios.
En octubre de 2024, fue condenado a 38 años y medio de prisión por una corte federal en Nueva York, además de una multa de 2 millones de dólares y cinco años de libertad condicional al finalizar su condena. Actualmente, se encuentra recluido en una prisión federal de máxima seguridad en Virginia, con una fecha estimada de liberación en 2052.
Con esta nueva sentencia civil, el gobierno mexicano busca recuperar parte del daño financiero provocado por el exfuncionario, aunque hasta el momento solo se ha podido asegurar una fracción mínima de los recursos desviados.