POR JESSICA ROSALES
UNIMEDIOS/SALTILLO, COAHUILA.- El Municipio de Saltillo dio a conocer que en este momento son 4 los yonkes que se encuentran operando legalmente, debido a la resolución de amparos que echaron abajo las clausuras efectuadas durante la anterior administración, tras señalar que el procedimiento se hizo de forma incorrecta. 
El Subsecretario del Ayuntamiento, José Guadalupe Martínez Valero, informó que hace una semana fueron notificados del fallo de un juez; aunque en el resto de los casos, específicamente los negocios HCR, La Calzada y Autopartes Americanas, ya habían reiniciado sus operaciones desde el gobierno de Jericó Abramo Masso.
“Es falso que la anterior administración haya cerrado la totalidad de los yonkes que se tenían reportados, porque hay tres yonkes que estaban operando normalmente, cuando vieron los operativos, ellos se ampararon, y les fue concedida la suspensión provisional. Un yonke más presentó amparo y se le concedió”, explicó.
Detalló que la irregularidad que cometieron las autoridades municipales anteriores, es que el procedimiento no se realizó correctamente, específicamente, los inspectores no se identificaron.
Martínez Valero, indicó que la instrucción del alcalde es: “que aquél ciudadano que esté trabajando en apego a la legalidad, no solamente en este giro, en cualquier otro giro, será respetada su fuente de trabajo, pero quien esté fuera del marco de la ley, la autoridad actuará en consecuencia”.
Señaló que actualmente son 31 los establecimientos de este tipo que permanecen clausurados; de los cuales, se detectó que en tres se retiraron los sellos de las autoridades, situación que se someterá a una investigación para definir si procede alguna sanción.
Por ello, este miércoles el Ayuntamiento realizó un operativo para revisar que los negocios mantengan los sellos de clausura y someter a investigación aquellos que no portan este documento oficial a la vista.
En el caso de los casinos, reiteró que si la autoridad judicial les otorga la razón a los propietarios, derivado de los amparos que promovieron, el Ayuntamiento debe acatar la resolución y permitirles operar.