Ciudad de México, 29 de mayo de 2025. Este jueves concluyó oficialmente la campaña electoral para la histórica primera elección judicial en México, en la que más de 7,700 aspirantes compiten por alrededor de 2,900 cargos judiciales, entre jueces, magistrados y ministros, en 19 entidades del país. El proceso, impulsado como parte de las reformas promovidas por el gobierno federal, ha generado una fuerte polarización política y numerosas críticas tanto a nivel nacional como internacional.
A partir del primer minuto de este 29 de mayo, entró en vigor la veda electoral, que prohíbe todo acto de proselitismo, difusión de propaganda, encuestas, sondeos y declaraciones que influyan en el sentido del voto. Las autoridades electorales advirtieron que cualquier infracción será sancionada conforme a la ley, en un intento por preservar la equidad y legalidad del proceso.
Controversias durante el proceso
La campaña estuvo marcada por una serie de controversias, incluyendo la circulación de “acordeones” o listas con nombres de candidatos recomendados, presuntamente afines al oficialismo, que fueron distribuidas de manera informal a través de redes sociales y grupos de mensajería. Estos documentos incluían fotografías, cargos propuestos y perfiles con vínculos cercanos a partidos políticos, lo que generó dudas sobre la imparcialidad e independencia de quienes aspiran a integrar el Poder Judicial.
Además, algunos aspirantes realizaron eventos públicos que, según críticos, rebasaron los límites establecidos por el Instituto Nacional Electoral (INE), institución encargada de organizar y vigilar este proceso. Aunque el INE emitió lineamientos claros para garantizar una contienda sin sesgos partidistas, varios actos proselitistas disfrazados de foros ciudadanos o conferencias generaron tensiones con el árbitro electoral.
Figuras polémicas cierran campaña
Entre los nombres más visibles se encuentran Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, ministras actualmente vinculadas a la Suprema Corte, quienes encabezaron actos de cierre con llamados a “devolver el Poder Judicial al pueblo” y “erradicar la corrupción sistémica”. Estas declaraciones fueron recibidas con preocupación por sectores académicos y judiciales, quienes advierten sobre el riesgo de politización de los órganos de justicia.
En contraste, organizaciones como el Colegio de Abogados de México, agrupaciones de jueces federales y organismos internacionales han manifestado su inquietud ante la posibilidad de que el proceso derive en un debilitamiento de la independencia judicial, pilar fundamental del Estado de Derecho.
Una elección inédita
Esta elección judicial representa un cambio de paradigma en el país, al someter al voto popular la selección de cargos tradicionalmente designados por mecanismos institucionales. La medida forma parte de un paquete de reformas impulsadas por el actual gobierno federal, enmarcadas en el discurso de transformación del sistema de justicia y combate a la impunidad.
El próximo domingo, millones de mexicanos acudirán a las urnas con la responsabilidad de definir el rumbo del Poder Judicial. El INE ha habilitado plataformas de consulta para que la ciudadanía pueda conocer el perfil de cada candidato, aunque expertos advierten que el volumen y complejidad de la información podrían dificultar decisiones informadas.