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La conspiración

Tintero azul y rojo

En el tintero

Por Jessica Rosales

Durante varios sexenios cientos de presuntos delincuentes han servido como delatores al servicio de la autoridad ministerial que, ante la ineficiencia y falta de interés por realizar verdaderas investigaciones judiciales, se convierten en los pilares de un buen número de averiguaciones previas en la figura de testigos protegidos, con el fin de fabricar delitos vinculados con la delincuencia organizada.

A solicitud de la propia autoridad, narcotraficantes, secuestradores o expolicías corruptos reciben protección del Estado mexicano en un afán de obtener arraigos, cateos, órdenes de aprehensión y autos de formal prisión contra cualquier político, funcionario, empresario, activista o ciudadano que esté en la mira de algún fiscal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Varios funcionarios mexicanos de Coahuila y Nuevo León han sido señalados por estos delincuentes -convertidos desde el sexenio de Felipe Calderón en aliados del Gobierno-, quienes los acusan de tener vínculos con grupos criminales.

En estos casos no existe garantía de quiénes realmente son culpables o inocentes, y hasta el momento no se ha revelado una prueba en contra que demuestre la veracidad de las declaraciones de los testigos protegidos.

Todos y cada uno de estos funcionarios han tenido la oportunidad de desmentir los dichos en libertad. Por eso hoy pretendo darle voz a los que no la tienen, aquellos que hace 5 años, durante la administración de Felipe Calderón, fueron señalados para fabricar expedientes y conspirar contra los adversarios políticos del PAN en 2012.

Funcionarios de mediano nivel, algunos de ellos encarcelados por delitos que no cometieron, fueron acusados falsamente. Algunos servidores públicos de Coahuila fueron intimidados y torturados psicológicamente para que acusaran a sus jefes, a funcionarios de primer nivel, políticos y gobernantes. No lo consiguieron.

Luego de permanecer en la cárcel o ser perseguidos por no colaborar en la fabricación de delitos y falsedad de declaraciones, los testimonios de los “protegidos” se vinieron abajo por falta de pruebas, y finalmente los acusados fueron exonerados.

Pero el daño estaba hecho, la mayoría -sino es que todos- perdió su patrimonio, su familia, y el daño moral es incalculable. Algunos ni siquiera han logrado recuperar sus bienes, su trabajo o sueldos caídos; y otros ven difícil que regrese su tranquilidad, pues sienten que fueron abandonados a su suerte.

Lo que hoy ocurre en Coahuila tiene origen en aquellos años, pues obran también en expedientes de la PGR revelaciones de los propios testigos protegidos sobre una conspiración maquinada por el expresidente Felipe Calderón en contra de políticos y funcionarios de la entidad norteña, caso conocido como “El Coahuilazo”.

Por orden de Calderón y la entonces procuradora, Marisela Morales, todos los que pudieran ser allegados al exlíder nacional del PRI, Humberto Moreira Valdés, serían procesados y encarcelados, incluido, obviamente, el propio exgobernador de Coahuila.

Nadie se ha tomado la molestia de mirar al pasado, pero valdría la pena no sólo para resarcir en algo el daño ocasionado a los inculpados injustamente y a sus familias, sino para desenmascarar de una vez por todas los actos de corrupción de los ministerios públicos del sexenio de Felipe Calderón, que hoy siguen operando impunemente en la dependencia que comanda Arely Gómez.

Hace 5 años se registraron hechos aún no conocidos, que podrían acomodar las piezas y abrir la cloaca del PAN durante el calderonismo.

Desafortunadamente vivimos en un país en donde los verdaderos delincuentes andan sueltos. ¡Qué va! Hasta son protegidos y con nuestros impuestos.

Para que se dé una idea, en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón (2000-2012), las autoridades mexicanas destinaron 178 millones 261 mil 493 pesos para cubrir “gastos relacionados con la protección de testigos colaboradores”; 251 hubo con Fox y 336 con Calderón, de acuerdo con un reporte de la PGR.

A los protegidos, hablamos de narcotraficantes, secuestradores o expolicías corruptos, se les denomina con un nombre ficticio y, en algunos casos, se les proporciona dinero para su manutención, arrendamiento, cuentan con custodia y pueden solicitar apoyo de la Policía Federal si sienten que su seguridad está en riesgo.

México sigue siendo un país en donde las autoridades responsables de la procuración de justicia cuidan, protegen y mantienen a los delincuentes, y están dispuestas a encarcelar a inocentes por un asunto de venganza política.

@jesyrosales

jessicadresh@hotmail.com

También la puede leer en EL Heraldo de Saltillo y La Otra Plana

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