UNIMEDIOS/ SALTILLO, COAHUILA.- El Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi A C y la Parroquia de San Judas Tadeo de la ciudad de Torreón, manifestó su indignación luego de que autoridades federales dieron carpetazo a la denuncia presentada por allanamiento a los inmuebles que albergan estos organismos el pasado 9 de febrero de 2012 por parte de elementos militares, presuntamente en busca de droga.
Organismos emitieron un comunicado conjunto en donde reiteran que el allanamiento lo realizaron sin exhibir ninguna orden judicial como lo ordena la Constitución «Fuimos objeto de todo tipo de revisiones en todas nuestras instalaciones, especialmente en las oficinas del Centro de Derechos Humanos en donde dos efectivos, uno perteneciente a la policía federal y otro perteneciente a las fuerzas armadas, se introdujeron arbitrariamente y revisaron todo cuanto ahí había: alacenas, cajas, papelería y baños».
Detallaron que en el trascurso de los meses, diversos peritos fotografiaron e hicieron dibujos con base en los testimonios, en los que se aportaron una serie de evidencias sobre el actuar de estos servidores públicos; además que un agente del Ministerio Público militar recabó testimonios a quienes estuvieron como testigos presenciales de los hechos y quienes presentaron la denuncia ante la Procuraduría General de la República.
«Contra toda evidencia, el pasado 23 de julio recibimos un oficio por parte del Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Defensa Nacional, notificándonos que no se acreditó la participación de elementos de ese Instituto Armado, en los hechos que nosotros denunciamos, dando por archivado nuestro caso, por falta de elementos», destacaron .
Consideraron que las indagatorias por parte de la Procuraduría General de la República se muestra una evidente intención de tratar de deslindar responsabilidades sobre el actuar de los servidores públicos en cuestión, al poner en duda si el espacio donde realizaron la revisión es público o privado; ya que si bien la oficina del Centro de Derechos Humanos es un lugar donde se atiende al público en general, también es cierto que existen espacios restringidos que son privados y es ahí donde se llevó a cabo dicho allanamiento.
«Sin realizar ningún tipo de investigación la oficina de Control interno de la Secretaría de la Defensa Nacional da por archivado el caso y se deslinda irresponsablemente del actuar de sus Fuerzas Armadas porque dice que no hay elementos para acreditarlo, cuando el expediente se encuentra lleno de evidencias que muestran totalmente lo contrario».
Añaden, «Queremos mencionar además, que vemos con gran preocupación la falta de voluntad política e institucional para esclarecer los hechos y llevarlos hasta sus últimas consecuencias, y que como ha sucedido en muchos casos se trate de intimidaciones que pretenden limitar el actuar de defensores y defensoras de Derechos Humanos mediante estas prácticas que solo buscan someter y socavar nuestro trabajo en favor de los Derechos Humanos».