POR REDACCIÓN
UNIMEDIOS/ SALTILLO, COAHUILA.- La implementación de operativos y retenes por parte del Estado para asegurar unidades automotrices que no porten placas actualizadas, donde además exigen el pago de tenencias y renovación de licencias de conducir, es inconstitucional e ilegal, así lo afirmó el Presidente del Partido Acción Nacional en Coahuila, Carlos Orta Canales.
El dirigente panista dijo que representa una burda y vil cacería fiscal, calificó estos actos como violatorios de garantías individuales que lo único que consiguen es empeorar la situación financiera personal de cada ciudadano, recordó a las autoridades locales que el Ejecutivo se ha manifestado en múltiples ocasiones a favor de los Derechos Humanos.
Explicó que el Código Fiscal de Coahuila en sus artículos 39 y 41 fracción III, deja en claro que para proceder al embargo precautorio de bienes por adeudos fiscales, deben mediar notificaciones o avisos previos al contribuyente, con la debida fundamentación de lo que se reclama y los derechos que este tiene el afectado para defenderse, lo cual no se está llevando a cabo.
Asimismo, el artículo 14 constitucional establece que “Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.”
En ese sentido, Carlos Orta explicó que establecer retenes sorpresivos con el evidente ánimo de sorprender a los automovilistas y embargarles o asegurarles sus unidades, es un acto contrario a derecho y a las garantías esenciales de los coahuilenses, inclusive explicó que valoran apoyo jurídico a los afectados que pudieran ampararse contra estas acciones radicales.
Explicó que el Artículo 939 del Código Procesal Civil de Coahuila señala lo siguiente: “En los casos en que la ejecución forzosa deba realizarse mediante embargo, el auto de ejecución tendrá la fuerza de mandamiento en forma para el efecto de que se requiera al deudor de pago, y no verificándolo en el acto, se proceda a embargar bienes suficientes a cubrir el importe de lo que se ejecute.»
Carlos Orta detalló que despojar por medio de la figura de “aseguramiento” de su vehículo a una persona, genera diversos conflictos y violaciones de derecho implícitas, tal como:1) el valor de la unidad puede superar por mucho el adeudo que reclama la autoridad; y 2) privar al ciudadano de su herramienta de trabajo o medio de subsistencia está prohibido, ya que los medios de subsistencia son inembargables.