A través de un comunicado familiares de ex funcionarios del Gobierno de Coahuila, que son exonerados luego de una presunta fabricación de pruebas en 2012, emitieron un comunicado para establecer su postura y exigir atención a las autoridades
A la Opinión Pública
Familiares de inculpados por “Coahuilazo” exigen justicia
Tras las pruebas publicadas por medios nacionales que muestran la evidente venganza política del ex Presidente Felipe Calderón en Coahuila, en donde ex servidores públicos del Estado se vieron afectados y hoy se acredita su inocencia, las familias exigimos justicia y pedimos a las autoridades federales revisar minuciosamente los casos para agilizar los procesos de quienes siguen en su defensa, además de que se restituya el daño ocasionado por esta infamia.
Por un tema electoral y personal del ex Presidente de la República, familias coahuilenses fuimos hostigadas, perseguidas, linchadas en medios de comunicación, y señaladas por la sociedad.
No termina con un “usted disculpe” el grave daño que se generó en estos hogares coahuilenses ni el riesgo en que se colocó a familias enteras por la información falsa filtrada por las propias autoridades federales a algunos medios de comunicación locales y nacionales.
Durante dos años permanecimos en silencio esperando obtener las pruebas suficientes para demostrar la inocencia de nuestros seres queridos. Durante dos años nuestros hijos, hermanos, padres y jefes de familia estuvieron en cárceles de máxima seguridad por un delito que no cometieron.
Hace dos años nuestros familiares fueron arbitrariamente detenidos y tratados como delincuentes, cuya actuación quedó asentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos que acreditó las irregularidades con las que actuaron elementos de la entonces SIEDO.
Perdieron su trabajo, su patrimonio, algunos su salud, pero lo más grave, es que los inculpados junto con las familias, perdimos la libertad y la tranquilidad.
Pedimos al señor Presidente Enrique Peña Nieto, al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, así como al Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, actuar en apego a la justicia y agilizar los procedimientos jurídicos que siguen abiertos para su pronta resolución a fin de evitar que inocentes paguen injustamente.
Pedimos al Gobierno de Coahuila, se restituyan los sueldos o en su caso se reinstale a los funcionarios que fueron detenidos y a quienes hoy se les acredita su inocencia.
Pedimos a los medios de comunicación se le otorgue el mismo espacio a la exoneración y elementos de prueba que muestran su inocencia, que aquél que se dio en primeras planas en febrero del 2012 en donde se publicaron señalamientos fabricados por la PGR que entonces dirigía Marisela Morales y que hoy resultan falsos.
Atentamente
Familias afectadas por la actuación de la PGR en el caso «Coahuilazo»