Los gobernadores en funciones y electo de Coahuila, Jorge Torres López y Rubén Moreira Valdez participaron este viernes en la Reunión de Evaluación del Operativo Coordinado Laguna Segura, celebrado en las instalaciones de la XI Región Militar, con sede en Torreón y la que se analizaron los avances alcanzados hasta ahora en materia de seguridad pública para la comarca.
Durante esta sesión de trabajo se hizo una exposición acerca del impacto positivo que el operativo ha tenido en la reducción de los índices de violencia; se evaluó el cumplimiento de los compromisos y se determinaron las acciones a seguir.
La reunión fue encabezada por el General Marco Antonio González Barreda, Comandante de la Décimo Primera Región Militar y quien tiene el mando en las acciones de este esfuerzo conjunto entre el gobierno federal y los de Coahuila y Durango.
En el marco del encuentro, el gobernador electo Rubén Moreira Valdez reiteró la voluntad que habrá de parte del próximo gobierno para continuar trabajando de manera conjunta con las autoridades federales y del estado de Durango en busca de recuperar la tranquilidad de la región Lagunera y una vez más reconoció a quienes con valentía, lealtad y patriotismo arriesgan su vida para recuperar la seguridad en esta región.
En la evaluación también participaron el licenciado Jorge Tello Peón, asesor del Presidente de la República en materia de seguridad; el Secretario de Gobierno de Durango, Héctor Vela Valenzuela, en representación del gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, así como el alcalde de Torreón Eduardo Olmos Castro.
Asimismo, el Fiscal General de Coahuila, Jesús Torres Charles; el Secretario de Gobierno, David Aguillón Rosales, el ingeniero Miguel Angel Riquelme, además de otros integrantes del Grupo de Coordinación Operativa de Coahuila y de Durango.
El convenio para el Operativo Coordinado “Laguna Segura”, fue firmado el 19 de octubre pasado y compromete la participación de fuerzas federales y del Ejército Mexicano en coordinación con los cuerpos policiacos estatales para contener y debilitar a los grupos delictivos que operan en la región, así como para acelerar los procesos pendientes en materia de fortalecimiento institucional a nivel estatal y municipal.