POR NADIA BALLESTEROS
UNIMEDIOS/ MÉXICO, DF.- La Confederación Nacional Campesina demandó liberar a más de 8 mil indígenas presos injustamente y que son, dijo, víctimas de una burocracia insensible que ha ordenado su reclusión por delitos del orden común que no cometieron o que de ninguna manera pueden considerarse graves.
La CNC que encabeza el senador Gerardo Sánchez García aseguró que un alto porcentaje de los reclusos ni siquiera han recibido sentencia por falta de pruebas procesales y confusión en las acusaciones.
Denuncias de familiares y defensores de grupos de indígenas de varias regiones del país han sido recibidas en la sede cenecista con el propósito de que la organización gestione ante las autoridades correspondientes la revisión de cada caso y encontrar fórmulas que conduzcan a su inmediata liberación.
La CNC explicó que con la liberación, a finales del año pasado, de Alberto Patishtán, del grupo étnico Tzotzil, tras 13 años encarcelado injustamente, salió a la luz que alrededor de 8,500 indígenas en todo el país están recluidos de manera irregular, lo que constituye violación a sus derechos humanos, situación que es solapada por jueces y agentes de Ministerios Públicos.
De acuerdo con la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, del total de reos aborígenes que hay en el país, el 82 por ciento están procesados o sentenciados por delitos del orden común; el 18 por ciento restante se refiere al fuero federal.
Asimismo, informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el país, la mayor parte de las 8,500 personas recluidas sufrió procesos similares al de Patishtán, pues nunca tuvieron acceso a traductores, y los jueces, fiscales y abogados defensores no conocían las costumbres ni el idioma de los pueblos originarios de las personas procesadas.
Las entidades con mayor número de reos indígenas son Oaxaca, Veracruz, Puebla y Chiapas, y con menor cantidad de reclusos pertenecientes a grupos étnicos, son Aguascalientes, Nuevo León y Coahuila.
Los testimonios recibidos por la CNC indican que en la práctica, el agente del Ministerio Público, para evitarse problemas, omite preguntarle al detenido si habla alguna de las más de 60 lenguas indígenas que existen en el país, así que si el indígena en cuestión carece de dinero para pagar la multa, sin mayores contemplaciones se le consigna al juzgado.
Otras denuncias planteadas se refieren a que, tanto en la frontera norte como en la del sur, hay desprotección total de los indígenas, lo cual se agrava porque algunos no hablan español y no es posible ofrecerle los servicios de un abogado defensor. Las procuradurías estatales, prácticamente en la generalidad del país, no proporcionan intérpretes y mucho menos abogados defensores, por lo que los detenidos se encuentran en la más completa indefensión jurídica.
Además de estas fallas lamentables de las autoridades responsables de impartir justicia, se ha podido constatar que los jueces y agentes del MP, en la mayor parte de los juzgados, tienen características de deshumanización y poco les importa la suerte de los indígenas.
Se sabe que casi el 90 por ciento de las personas consignadas a un juzgado, no entran en contacto directo para dialogar con el juez, lo que dificulta más el conocimiento de la problemática social y económica de la población indígena.
El dirigente de la CNC ofreció el apoyo de la organización que dirige para establecer los mecanismos que conduzcan al análisis serio y detallado de miles de casos de indígenas, que permanecen recluidos por falta de comunicación y de esquemas de defensa real para aquellos hombres y mujeres expuestos a sufrir penalizaciones por vacíos en el marco jurídico general.