UNIMEDIOS/ TERESA QUIROZ.- Dentro de las problematicas a las que se enfrentan las personas que buscan a ciudadanos desaparecidos se encuentra la figura juridica del arraigo que cometen las autoridades de seguridad, ya que estos abren la puerta a la perdida de información sobre el paradero de los arraigados; es por eso que dentro del Informe de Misión a México sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias que emite la ONU, se pide la tipificación en los códigos penales del delito de desaparición forzada, la eliminación delarraigo como método de investigación.
Durante su mensaje, Fray Raúl Vera, destacó que “pedir justicia no es pedir limosna”, y explicó que en el caso de Coahuila la tipificación del delito de desaparición forzada se quedó corta; de igual manera criticó a la justicia federal porque en materia de amparo hasta se pide la firma y datos, inciertos para los familiares, de la persona desaparecida.
El religioso, califico como indignante el que sean las propias autoridades quienes priven de la libertad a los ciudadanos ya que considero que 40 días de arraigo son una pauta que da paso a la desaparición de estas personas que no tienen comunicación con sus familias o personas cercanas.
Dijo que después del arraigo muchas personas son utilizadas como señuelos para atrapar a los verdaderos criminales, o en su defecto son obligados a trabajar para las mismas autoridades de seguridad pública.
Mientras que Santiago Corcuera, Ex Presidente del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de la ONU, hizo un llamado al Poder Legislativo de México, a los jueces y a los procuradores de justicia en Coahuila para que no se utilice la figura del arraigo por ser un método deshonesto que abre la puerta a las desapariciones involuntarias.
Corcuera, en relación al informe pidió también que las fuerzas armadas, en un plazo breve regresen a los cuarteles ya que las actividades como detenciones y arraigos que estos comenten contribuyen a una violación de los derechos de los mexicanos al violar la tranquilidad, seguridad y libertad de los ciudadanos..
Por su parte Diana Iris García, en representación de Fuundec, criticó que el Gobierno Estatal victimice a los desaparecidos y reveló que tienen temor y angustia por haber proporcionado información a elementos de la Fiscalía General de Coahuila, ya que considero son ellos los que en ocasiones se llevan a las personas y ya no las regresan.
Al finalizar, María del Carmen Galván, titular de Derechos Humanos del Gobierno de Coahuila, explico el plan de trabajo entre autoridades y familiares de las víctimas para erradicar y solucionar el problema.
“Desde el Gobierno del Estado estamos conscientes que una respuesta clara a este problema requiere de la colaboración de organismos internacionales que monitoreen el trabajo que las autoridades locales realicen para cumplimentar la recomendación de este informe, invitamos a la ONU o cualquier otro organismo de derechos humanos que estimen conveniente”, dijo.
Con imágenes de Raymundo Bazaldua