*Contraloría de Coahuila inicia 196 procedimientos contra funcionarios por corrupción
UNIMEDIOS/JESSICA ROSALES.- En los casi 6 años de la administración del Presidente Felipe Calderón la Secretaría de la Función Pública ha aplicado casi 50 mil sanciones a servidores públicos por actos de corrupción, de los cuales 9 mil han incurrido en irregularidades graves, 2 mil se han denunciado penalmente y 100 están encarcelados por encontrarse en flagrancia.
Así lo informó Rafael Morgan Ríos, titular de la instancia federal quien estuvo en Saltillo para firmar un convenio con el Gobierno de Coahuila, para la coordinación de un programa especial denominado “fortalecimiento del sistema estatal de control y evaluación, la gestión pública y colaboración en materia de transparencia y combate a la corrupción”.
Destacó la presentación por parte del Ejecutivo Federal de una iniciativa de reformas a la ley general de Contraloría Gubernamental, la cual fue enviada con carácter preferente al Congreso de la Unión el pasado 29 de agosto y en que se plantea que los gobierno estatales y municipales están obligados a transparentar la información presupuestaria y contable, incluyendo su deuda pública.
En este aspecto, reveló que la Contraloría local en Coahuila tiene 196 procedimientos contra funcionarios públicos de esta entidad por actos de corrupción, aunque no ahondó en los detalles.
El funcionario federal, dijo que a través de un análisis de la pasada administración federal que presidió el Presidente Vicente Fox Quesada, se recopilaron 100 mil observaciones y se desprende que fue en la parte de adquisiciones, compras y obras públicas en donde mayor corrupción existió.
“El 22 por ciento de las observaciones de los daños que se estaban ocasionando daño al Gobierno Federal en el mal uso de los recursos estaban en obra pública y el 18 por ciento estaba en compras, siendo el Gobierno el principal comprador de México más que Walmart, compra el gobierno”, expresó.
Explicó que debido a lo anterior, en el sexenio de Felipe Calderón se crearon contralorías de obra pública y adquisiciones, pero en todas las áreas se han aplicado sanciones administrativas como destituciones, amonestaciones a más de 9 mil servidores públicos y más de 4 mil 600 sanciones económicas.
“También en el tiempo transcurrido en la actual administración federal hemos impuesto mil 993 sanciones administrativas a empresas y particulares que han afectado el patrimonio del gobierno, pero para que los resultados tengan un mayor impacto se necesita que los gobiernos estatales fortalezcan los mecanismos”, dijo.
Sin embargo, reconoció que la ley aún resulta laxa tras mencionar un ejemplo de una empresa que cometió fraude al Estado Mexicano pro alrededor de 60 millones de dólares, a la que se le interpuso una multa sólo de 1.5 millones de pesos, “la multamos con el máximo que permitía la ley, con risa nos pagó el millón y medio y si queríamos otro millón y medio también nos lo pagaba”, señaló.
Morgan Ríos, puntualizó que el 34 por ciento de las sanciones que emite la Secretaría dela función público a servidores públicos por actos ilícitos tienen su origen en una denuncia ciudadana.
Al cuestionarle sobre el convenio firmado que contempla el no contratar funcionarios inhabilitados, dijo que la ley no será retroactiva y sería un juez quien determinaría si aplica o no en caso de que exista algún caso de este tipo en Coahuila.
Cabe mencionar que el ex Director de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy fue inhabilitado para ocupar un puesto público, y pese a ello fue contratado por la Universidad Autónoma de Coahuila como asesor internacional.