Hay frases que duran apenas unos segundos, pero bastan para exhibir la dimensión de quien las pronuncia. Eso ocurrió con las diputadas poblanas Nayeli Salvatori y Grace Palomares cuando, durante un podcast, se refirieron a los adultos mayores con expresiones ofensivas, entre ellas que “ya se están pudriendo”. No fue un desliz cualquiera ni una broma desafortunada. Fue una muestra de la ligereza con la que algunas personas entienden el ejercicio del poder público.
La discusión no debería centrarse únicamente en si ofrecieron disculpas o si alegaron que todo ocurrió en un contexto de entretenimiento. El verdadero debate es otro: ¿qué tipo de representantes están llegando a los cargos de elección popular y qué entienden por representar a la ciudadanía?
En una democracia, un diputado deja de hablar únicamente a título personal desde el momento en que protesta el cargo. Conserva, por supuesto, su libertad de expresión, pero también adquiere una responsabilidad adicional: la de convertirse en ejemplo de respeto institucional, prudencia y congruencia. Sus palabras tienen un peso distinto porque representan al Estado frente a la sociedad.
Cualquier ciudadano está obligado moral y jurídicamente a respetar la dignidad de los demás y evitar expresiones discriminatorias. Pero quienes viven del servicio público deben asumir un estándar todavía más alto. No representan únicamente sus opiniones, sino la investidura que les otorgó el voto ciudadano y el dinero de los contribuyentes que financia su función.
El caso también revive un fenómeno cada vez más evidente en la política mexicana. Particularmente en Morena —aunque no es exclusivo de ese partido— se ha privilegiado con frecuencia la popularidad por encima de la trayectoria. Influencers, conductores, artistas, deportistas y figuras de redes sociales son postulados bajo la lógica de que su fama se traducirá en votos.
La estrategia puede ser rentable electoralmente. Gobernar, sin embargo, exige capacidades distintas. Elaborar leyes, analizar presupuestos, construir políticas públicas, debatir con argumentos y representar con dignidad a millones de personas no es lo mismo que acumular seguidores, reproducciones o “likes”.
El problema aparece cuando algunos nunca abandonan el papel de creadores de contenido y continúan comportándose como si la política fuera una extensión de sus canales de YouTube o sus podcasts. La búsqueda permanente de viralidad termina imponiéndose sobre la seriedad que demanda el servicio público.
Mientras miles de ciudadanos esperan soluciones para la inseguridad, el acceso a la salud, la educación, el empleo o el desarrollo económico, algunos legisladores parecen más ocupados generando contenido para monetizar plataformas digitales que estudiando iniciativas, construyendo consensos o fiscalizando al gobierno.
La pregunta es inevitable: ¿para qué fueron electos?
No se trata de prohibir que un legislador tenga redes sociales, un podcast o cualquier otra actividad compatible con su función. La comunicación con la ciudadanía es incluso deseable. Lo cuestionable es cuando esa actividad desplaza el trabajo legislativo o cuando la necesidad de generar audiencia conduce a normalizar discursos ofensivos y discriminatorios.
También resulta insuficiente la respuesta institucional. La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, anunció que el caso sería investigado. Sin embargo, tratándose de un gobierno que ha colocado a las personas adultas mayores en el centro de su discurso y de su política social desde el inicio del movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador, cabía esperar una condena inmediata y contundente.
Los adultos mayores no son únicamente beneficiarios de programas sociales. Son ciudadanos con derechos, con una trayectoria de vida y con una dignidad que merece ser respetada sin matices. Si un movimiento político afirma tenerlos como una de sus principales causas, ese compromiso debe reflejarse también cuando alguno de sus propios representantes los agrede verbalmente.
La política necesita menos celebridades improvisadas y más servidores públicos conscientes de la responsabilidad que asumieron. Porque un cargo de elección popular no es un escenario para generar contenido viral ni una plataforma para construir una marca personal. Es un mandato ciudadano que obliga a actuar con responsabilidad, respeto y altura de miras.
La popularidad puede ganar elecciones. La congruencia, el trabajo y la calidad moral son los que verdaderamente honran el voto.