CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que en su administración no habrá protección para ningún servidor público investigado por la presunta comisión de delitos y reiteró que la política del Gobierno de México es de “cero impunidad”, al referirse a la detención de la exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila, Tania Flores Guerra, y a las investigaciones relacionadas con la alcaldesa de Tenancingo, Estado de México, Nancy Nápoles Pacheco.
Durante su conferencia matutina de este martes, la mandataria explicó que solicitó a la Secretaría de Gobernación dar seguimiento a ambos casos y aclaró que, en el caso de Tania Flores, la detención fue realizada por la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Agregó que conforme avancen las investigaciones se informará públicamente sobre los resultados de ambos expedientes.
Cuestionada sobre el mensaje que estos casos envían a la militancia de Morena, Sheinbaum respondió que su postura no está dirigida a un partido político, sino a toda la ciudadanía. “Es un mensaje a las mexicanas y a los mexicanos, no es a la militancia. Yo soy presidenta de todas y todos los mexicanos. Se llama cero impunidad”, sostuvo.
La titular del Ejecutivo federal señaló que cualquier investigación debe estar respaldada por pruebas antes de proceder penalmente, por lo que pidió esperar el desarrollo de las indagatorias y evitar emitir conclusiones anticipadas. No obstante, enfatizó que cuando existen elementos suficientes y el Gabinete de Seguridad acredita responsabilidades, las autoridades actúan sin distinguir colores partidistas.
Como ejemplo de esa política, recordó los casos del alcalde de Cuautla, Morelos, Jesús Corona Damián, investigado por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, así como del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, emanado de Morena, quien fue detenido en el marco de investigaciones federales por presuntos delitos relacionados con corrupción y delincuencia organizada.
Sheinbaum indicó que actualmente existen alrededor de 15 casos de funcionarios municipales, en su mayoría presidentes municipales, que enfrentan investigaciones derivadas del trabajo del Gabinete de Seguridad. Reiteró que el Gobierno de la República no brinda protección a ningún servidor público cuando existen pruebas que permitan ejercer acción penal.