SALTILLO, Coahuila.- Los grupos parlamentarios de la coalición “Alianza Coahuila” (PRI, PAN y PRD), junto con la fracción parlamentaria de Unidad Democrática de Coahuila (UDC), presentaron una reforma constitucional que tiene como eje principal impedir que los cargos de elección popular puedan ser heredados entre familiares, homologando la legislación estatal con los cambios aprobados a nivel federal en materia de nepotismo electoral.
La iniciativa también plantea una reconfiguración de los ayuntamientos del estado al establecer que los cabildos estarán integrados por una presidencia municipal, una sola sindicatura y un máximo de 15 regidurías, lo que supone la eliminación de las sindicaturas de minoría y una reducción en el número de integrantes de algunos cabildos de los municipios con mayor población.
La propuesta fue presentada ante el Congreso del Estado como una reforma a diversos artículos de la Constitución Política de Coahuila en materia electoral, integración de ayuntamientos y disciplina presupuestal legislativa, con el argumento de fortalecer la representación democrática, mejorar la eficiencia institucional y armonizar la legislación local con las recientes modificaciones constitucionales federales.
Uno de los cambios más relevantes es la incorporación del principio de combate al nepotismo electoral. De ser aprobada, ninguna persona podría contender por un cargo de elección popular cuando mantenga vínculos de matrimonio, concubinato, unión de hecho o parentesco con quien ocupe el cargo al que pretende acceder, cerrando así la posibilidad de que posiciones públicas sean transferidas de manera directa entre integrantes de una misma familia.
La reforma establece que la prohibición abarcaría parentescos por consanguinidad en línea recta sin límite de grado, parentesco colateral hasta cuarto grado y parentesco por afinidad hasta segundo grado. Además, la restricción aplicaría cuando dicho vínculo exista o haya existido durante los tres años previos a la elección.
Los promoventes sostienen que la medida busca garantizar condiciones más equitativas de competencia política, evitar el uso de estructuras gubernamentales para favorecer sucesiones familiares y fortalecer la confianza ciudadana en los procesos electorales.
La iniciativa prevé que estas disposiciones entren en vigor para los procesos electorales de 2030, en concordancia con los plazos establecidos en la reforma constitucional federal aprobada por el Congreso de la Unión.
En materia municipal, la propuesta modifica la integración de los ayuntamientos al fijar constitucionalmente un máximo de 15 regidurías y una sola sindicatura. Actualmente algunos municipios cuentan con cabildos más amplios y con sindicaturas asignadas por minoría, por lo que el nuevo esquema implicaría una reducción en el número de integrantes de los cuerpos edilicios.
De acuerdo con la exposición de motivos, los municipios que actualmente pueden alcanzar hasta 17 regidurías son Acuña, Francisco I. Madero, Frontera, Matamoros, Monclova, Piedras Negras, Sabinas, Saltillo y Torreón, por lo que serían los principales afectados por la nueva configuración constitucional.
Los impulsores de la reforma argumentan que la medida permitirá contar con gobiernos municipales más ágiles y eficientes, disminuir costos administrativos y adecuar la representación política a un modelo de integración más compacto sin afectar la pluralidad democrática.
La iniciativa también incorpora disposiciones para armonizar las reglas de reelección con el nuevo marco constitucional federal y establece un techo presupuestal para el Congreso del Estado, con el propósito de fortalecer la disciplina financiera y contener el crecimiento del gasto legislativo.
Además del combate al nepotismo electoral, la iniciativa armoniza la Constitución de Coahuila con la reforma federal que elimina la reelección inmediata para los cargos de elección popular. De aprobarse, quienes ocupen una diputación, presidencia municipal, sindicatura o regiduría ya no podrán postularse para el mismo cargo al concluir su periodo inmediato.
Tanto la prohibición del nepotismo electoral como la eliminación de la reelección inmediata entrarían en vigor para los procesos electorales de 2030, conforme al régimen transitorio previsto en la iniciativa, con el propósito de homologar la legislación estatal con la reforma constitucional federal y otorgar certeza a las reglas de competencia política.
Al tratarse de una reforma constitucional, la propuesta deberá ser analizada en comisiones, posteriormente votada por mayoría calificada en el Pleno del Congreso y, en caso de ser aprobada, enviada a los ayuntamientos del estado para continuar el procedimiento previsto por la Constitución local.