Saltillo, Coahuila.- Integrantes de la agrupación Magisterio en Acción por la Seguridad Social solicitaron la intervención del Congreso del Estado para que se investigue la venta de un terreno perteneciente al Seguro del Maestro en Torreón, al considerar que la operación pudo haberse realizado en condiciones que afectaron el patrimonio de aproximadamente 20 mil trabajadores de la educación afiliados a la Sección 38.
Gustavo García Torres, integrante del movimiento, informó que el pasado lunes entregaron un oficio al Poder Legislativo en el que solicitan que la Auditoría Superior del Estado revise a detalle la operación, incluyendo la legalidad del procedimiento, las facultades de quienes autorizaron la venta y el monto por el que fue enajenado el inmueble.
Según explicó, el terreno habría sido vendido en 18 millones de pesos a un particular, pese a que avalúos comerciales estiman un valor de mercado de entre 170 y 190 millones de pesos, lo que representaría una diferencia considerable en perjuicio del patrimonio administrado por el Seguro del Maestro.
Indicó que la decisión fue aprobada por el Consejo de Administración del organismo con el respaldo de la secretaria general de la Sección 38, Isela Licerio, y del director del Seguro del Maestro, Eduardo Botello.
García Torres aclaró que la petición no busca emitir juicios anticipados, sino que las autoridades competentes determinen si existieron irregularidades y si el marco legal permitía concretar la operación en los términos en que se realizó.
Asimismo, cuestionó que la venta no fuera consultada con los trabajadores, quienes son los beneficiarios de los recursos que administra la institución. Señaló que el tema salió a la luz pública tras una investigación periodística, aunque la dirigencia sindical ha sostenido que el proceso de venta se desarrolló durante los últimos dos años.
El representante de Magisterio en Acción también denunció falta de transparencia en el manejo de organismos vinculados a la Sección 38 y recordó que existen observaciones y denuncias relacionadas con presuntas irregularidades que, afirmó, se han acumulado durante más de una década sin que hasta ahora hayan sido resueltas.
Tras reunirse con la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, la diputada Beatriz Fraustro, señaló que recibieron el compromiso de analizar la posibilidad de que el documento sea presentado ante el Pleno y posteriormente turnado a la Auditoría Superior del Estado para su revisión.