Washington D. C., a 13 junio de 2025.– En un despliegue de poder legal y diplomático, el gobierno de Estados Unidos ha reactivado con fuerza la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), dirigiendo su atención hacia redes de corrupción en México que facilitan la operación de cárteles del narcotráfico. La estrategia combina sanciones financieras, amenazas de visados restrictivos y cooperación jurídica para perseguir a políticos, empresarios y autoridades coludidos con el crimen organizado.
Acciones clave de EE. UU.
•Reactivación de la FCPA: Bajo la dirección del fiscal adjunto Todd Blanche, el Departamento de Justicia prioriza ahora casos de sobornos vinculados a cárteles, considerándolos una amenaza directa a la seguridad nacional de EE. UU.
•Sanciones y vetos: La ONU designó a ocho cárteles mexicanos —incluidos Sinaloa y CJNG— como organizaciones terroristas. El Tesoro y el Departamento de Estado comienzan a imponer sanciones a colaboradores, congelando bienes y limitando transacciones.
Políticos en la mira
•Presión sobre funcionarios: Estados Unidos exige a México investigar y, de ser necesario, extraditar a políticos presuntamente vinculados a encubrimiento de narcotráfico. Incluso se baraja imponer aranceles o vetar visas a quienes resulten implicados.
•La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, ya sufrió restricciones de visa, mientras que el gobierno mexicano ha negado presiones, generando preocupación en el gabinete de Sheinbaum.
Lavado de dinero y redes criminales
•Coacción financiera: Investigaciones vinculadas al CJNG revelan redes que sobornan aduanas y fuerzas policiales, usando empresas fachada y el contrabando de combustible para lavar dinero hacia EE. UU.
•Operativo financiero: Se refuerzan mecanismos como la iniciativa Mérida y unidades anticorrupción enfocadas en blanqueo de capitales, criptomonedas y compañías fachada, con apoyo de agencias como DEA y FinCEN.
Impacto y contexto
•La ofensiva coincide con campañas contra familias de “El Chapo” Guzmán y el arresto o sanción de figuras clave del Sinaloa y CJNG, así como recompensas millonarias por información.
•El DOJ alineó esta estrategia anticorrupción con una visión más amplia de seguridad nacional, redirigiendo recursos de casos contra oligarcas a la lucha contra el narco y recortando iniciativas tradicionales como KleptoCapture.
Conclusión
Estados Unidos ha dado un giro decidido: ya no solo persigue tráfico de drogas, sino también la red de impunidad que permite que cárteles operen con respaldo político y financiero. Esta estrategia multilateral combina la FCPA, sanciones, vetos de visa, presión diplomática y cooperación con instituciones mexicanas. Sin embargo, plantea retos: tensiones en la relación bilateral, cuestionamientos sobre soberanía y la capacidad de México para investigar a su clase política. La pregunta clave ahora es si Hacienda, Fiscalía y el sistema judicial mexicano podrán responder con investigaciones imparciales y la extradición o sanciones necesarias, o si el acuerdo bilateral se quebrará ante escándalos de alto impacto.