Washington, D.C., – 5 de junio de 2025.– La Corte Suprema de los Estados Unidos emitió hoy un fallo de gran impacto, rechazando por unanimidad la demanda presentada por el gobierno de México contra varios fabricantes de armas estadounidenses. El caso alegaba complicidad en el incremento de la violencia al permitir que sus productos fueran utilizados por cárteles del narcotráfico.
Antecedentes del caso
En 2021, el gobierno mexicano interpuso una acción legal señalando a múltiples empresas armamentísticas por su rol en la distribución y fabricación de armas que terminaron en manos de organizaciones criminales en territorio mexicano. El argumento central sostenía que las empresas incumplieron con regulaciones y debieron anticipar el uso ilícito de sus productos.
Fallo de la Corte Suprema
• La Corte, conformada por nueve jueces, decidió con una votación unánime que los fabricantes no pueden ser responsabilizados legalmente por el destino criminal de sus armas tras su venta, respaldando principios de protección a productores bajo la legislación estadounidense.
• El pronunciamiento subraya que el rol de las empresas termina con la venta legítima, y responsabilizarles por usos indebidos posteriores implicaría una sobrecarga jurídica incompatible con el marco regulatorio vigente.
Repercusiones diplomáticas y seguridad
• México ha condenado el fallo, asegurando que representa un obstáculo importante en la lucha contra el crimen organizado.
• Organizaciones civiles mexicanas y defensores de derechos humanos criticaron el fallo, argumentando que debilita el control internacional sobre el comercio de armas y compromete la seguridad pública en regiones afectadas por el narcotráfico.
• El gobierno mexicano anunció que evaluará futuras acciones diplomáticas y legales, incluidas posibles reformas legislativas tanto dentro del país como en foros multilaterales.
Este veredicto marca un precedente judicial en la relación bilateral EE.UU.–México, centrado en la responsabilidad corporativa en el comercio de armas. Para México, el fallo implica limitar los reclamos legales contra fabricantes estadounidenses, dejando en manos del gobierno la búsqueda de alternativas a través de la diplomacia y el marco multilateral.