UNIMEDIOS/JESSICA ROSALES.– La posibilidad de someter a los candidatos a pruebas de control y confianza será una potestad única de los partidos que los postulen, o por voluntad de los aspirantes, en virtud de que el IEPC no contempla esta regulación en sus facultades.
Ante la petición del PRI y la intención del PAN en Coahuila de realizar este tipo de pruebas, además de someterlos a investigación, tendría que ser por acuerdo político en el cual estaría ajeno el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), señaló el Consejero del organismo Carlos Arredondo Sibaja.
Argumentó, en entrevista que la ley no permite a este organismo exigir dichos exámenes como un requisito para contender y aquellos que no lo realicen no tendrían impedimento de participar en los procesos electorales.
Aunque el tema no se ha discutido en el seno del Consejo, expuso que este tipo de ejercicios se vuelven viables y deseables, pero tendría que ser el Congreso del Estado, el que regule en las leyes este tipo de cuestiones.
Añadió se tiene que separar aquellas cosas que en abono de un proceso electoral con mayor certeza y claridad respecto de las conductas de quienes aspiran a ser gobernantes se puede hacer a partir de las reglas que están en la ley y de las cosas que se pueden hacer a partir de acuerdos de carácter político.
Arredondo Sibaja puntualizó que todas las cosas que no están dentro de la norma deben surgir de un acuerdo al interior de los partidos para que éstos se obliguen porque la autoridad electoral no tiene elementos legales para obligar a ningún candidato y no está considerado como una obligación en el código de ningún candidato el que se exija o condiciones en su registro.
El consejero dijo que sería deseable para que el electorado tenga la seguridad que quien ejerce un puesto de Gobierno y sobre todo, aquel que tiene depositada la soberanía popular por ejercicio del voto, que exista la certeza que no se trata de una personas adicta o que se convierta en coerción para los grupos criminales.
Para la ciudadanía sería saludable saber que quien pretende gobernarles es una persona ajena a las adicciones, que es honesta y que sus declaraciones patrimoniales estén a la vista y obtenido de manera legítima, de lo contrario sean objeto de tacha para que se les impida que sean eventualmente electos.
Ante la presencia de grupos criminales en la ciudad hace que la ciudadanía busque perfiles de probada honestidad, porque pareciera que éstos están interesados en influir en el resultado de los procesos y eso hay que evitarlo a toda costa y, por lo tanto, la honestidad de los aspirantes debe ser un asunto que se discuta en los partidos y entender que las reglas deben aplicarse conforme lo establezca la ley.