POR JESSICA ROSALES

UNIMEDIOS/ SALTILLO, COAHUILA.-

Luego de enfrentar una orden de aprehensión en su contra derivada de una auditoria del Gobierno de Coahuila, encabezado entonces por Enrique Martínez y Martínez;  Pedro Aguirre Castro demostró su inocencia 12 años después al ser exonerado por autoridades judiciales y laborales, incluso las del Estado.

Doce años emprendió una lucha legal para demostrar su inocencia

Doce años emprendió una lucha legal para demostrar su inocencia

El ex Director administrativo de la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) , fue despedido de su cargo, inhabilitado 10 años a ocupar un puesto público, sancionado con 2 millones de pesos y enfrentó una orden de aprehensión por la que tuvo que huir del país; sanciones que en todos los casos se echaron abajo tras demostrar irregularidades en el proceso de origen.

Fue en el 2011 cuando la juez tercero de lo penal, lo exonero del delito de desvío por  más de un millón de pesos provenientes de recursos públicos y fue entonces que la Junta Estatal de Conciliación y arbitraje le restituyo sus sueldos caídos, con una indemnización de aproximadamente 5 millones de pesos-

“De alguna manera se cayó el teatro, la simulación y la falsedad con la que se me acusó derivado de que soy exonerado y la UTC me resarce mis derechos laborales”, dijo.

Explicó que la cantidad de origen fueron 450 mil pesos, de los cuales la mitad fue solventada de manera inmediata y con el paso de los meses, la cifra se incrementó en el 2003 -tras tres ampliaciones de auditoria- a un millón 800 mil pesos procediendo a una acusación penal.

Sin embargo, acusó a la ex contralora Inés Garza Orta, al ex Secretario de la Función Pública Ismael Ramos Flores y al actual Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno de Coahuila de un proceso irregular pues fue hasta este 24 de junio del 2013 que se le entregó un oficio donde el Estado cierra el caso, al desechar un recurso de revisión interpuesto por Aguirre Castro en el 2007.

No obstante, dicho documento se le hizo firmar con fecha de julio de 2011 por así convenir al Estado, situación que aceptó, dijo, para cerrar un ciclo aunque no descartó la posibilidad de interponer una denuncia por irregular administración de la justicia, así como el daño moral y patrimonial.

“Porque Ismael Flores y Jorge Verástegui no cerraban el expediente, yo exigía simplemente una resolución la que fuera, no puede ser que pasen 12 años y en esto último 6 años”, expuso.

“Al día de hoy dejo de ser rehén del Gobierno de Coahuila”, expresó; y aunque el caso inició en la administración de Enrique Martínez y Martínez, consideró que fueron los gobiernos subsiguientes de Humberto y Rubén Moreira los que por cuestiones políticas no resolvieron el tema.

La Secretaría de Fiscalización del Estado entregó ayer un oficio al afectado en donde desecha un recurso de revisión interpuesto luego de que al tardar 6 años, prescribió salva de esta manera sus derechos como ciudadano.

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