- Permanecen suspendidos pero no han sido detenidos y se desconoce el estatus del proceso en su contra por sembrar droga y un arma de fuego en el lugar de los hechos
UNIMEDIOS/NADIA BALLESTEROS
Saltillo, Coahuila. 4 de marzo de 2020.- A siete meses de que un migrante hondureño fuera asesinado en Saltillo por un elemento de la Agencia Investigadora de la Fiscalía General de Coahuila, los seis agentes que incurrieron en complicidad por contaminar la escena del crimen al sembrar un arma y drogas en perjuicio de la víctima, siguen sin sanción.
Hasta el momento sólo Juan Carlos “N” ha sido detenido por la muerte de Marco Tulio quien falleció de un disparo el pasado 31 de julio de 2019 durante un operativo, al viajar con su menor hija quien fue testigo de los hechos.
Liberto Hernández Ortiz, Fiscal de Investigaciones Especiales admitió que la FGE está dispuesta a ofrecer una disculpa pública a la familia del fallecido, quizá a través de la Comisión Estatal de Víctimas, y aunque reconoció que hay un proceso en contra de 6 agentes que participaron en el operativo, dijo que no han sido detenidos.
La noche del 31 de julio de 2019, un grupo de policías de Investigación Criminal de la FGE realizaba algunas operaciones de investigación sobre personas que eventualmente fueron identificadas como expendedoras de narcóticos al menudeo, cerca de la colonia 5 de Mayo.
Al toparse con los sospechosos, los agentes, iniciaron una confrontación y al huir del sitio en medio de disparos le quitaron la vida al migrante hondureño y padre de una menor de 8 años, quien presenció el hecho.
Luego de que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila señalara que seis agentes policiacos habían contaminado la escena, Hernández Ortiz aseguró que estos oficiales se encuentran suspendidos mientras se integra la carpeta de investigación, pero que no se ha emitido una orden de aprehensión en su contra.
Informó además que la familia no ha podido trasladarse a Coahuila, “se tenía pensado que iban a venir, se iban a instalar en Saltillo, aquí iban a estudiar sus hijos, aquí se les iba a proporcionar una vivienda, becas, pero hasta ahorita no han podido trasladarse”, destacó tras mencionar la indemnización que se les será entregada por parte de la Comisión Estatal de Víctimas.
Por otro lado, el fiscal reveló que las denuncias más comunes por parte de personas migrantes ante la Fiscalía tienen que ver con lesiones leves o robos menores, que muchas veces se resuelven por acuerdos reparatorios o los mismos afectados optan por no dar seguimiento al proceso y continuar su camino rumbo a la frontera con Estados Unidos.
Dijo que Piedras Negras es la ciudad donde se reportan más agresiones contra los migrantes, incluyendo robos y privación ilegal de la libertad, así como lesiones y extorsión. “Cuando llegan a Piedras Negras los privan de la libertad, les solicitan un domicilio en Estados Unidos de algún familiar y es cuando opera la extorsión, mencionándoles que están privados o secuestrados”.
Afirmó que en la mayoría de los casos las mismas bandas de traficantes o “polleros” que los llevan a desde la frontera sur hasta las ciudades fronterizas son quienes están detrás de estas extorsiones y que ya se han registrado varias detenciones.