Este próximo domingo son las elecciones en el Estado de Coahuila para elegir los 38 ayuntamientos. Los cabildos que ganen tomarán posesión hasta dentro de seis meses. El 1 de enero de 2014. En el siguiente medio año, después de la campaña y, sobretodo, de la larga espera para ser electos candidatos, con la adrenalina y la inercia que todavía traerán los ganadores, cabe preguntarse, ¿qué harán en los próximos seis meses?
En cada Municipio tendremos un presidente y un grupo de Regidores y el Síndico en funciones y otros electos. Este período tan largo para tomar posesión es la primera vez que sucede en el Estado, y en términos de la gobernabilidad es un asunto que deberá revisarse y reflexionarse.
Esta larga espera para tomar posesión de los ayuntamientos triunfadores, es consecuencia de las modificaciones a la Ley Electoral Federal. Ésta exige que se empaten las elecciones federales y locales el primer domingo de julio del año electoral en cuestión.
Antes, en Coahuila las elecciones locales eran en octubre, lo que daba un mes y medio para que tomaran posesión los nuevos presidentes municipales. Un gobierno en funciones y otro electo hace muy larga la espera de las expectativas de los ciudadanos que votaron por tal candidato, para que de inmediato inicie el proceso de solución de sus problemas. Ojalá que esta espera no abone al desencanto, de por sí ya muy aumentado, de los ciudadanos.
Sin duda, esta situación, llevará a revisar el marco electoral, y esperamos que los legisladores revisen estos fenómenos para hacer las modificaciones a la Ley Electoral que permita que los nuevos gobiernos asuman sus responsabilidades en plazos perentorios. Ahora que en el marco del Pacto por México se está concretando una nueva agenda electoral. La nueva reforma electoral debe revisar también estos asuntos.
Esta nueva agenda se da en el marco de las denuncias sobre el uso ilegal de recursos y programas públicos en 14 elecciones estatales —Veracruz es el más connotado—. Los actores partidarios para garantizar comicios transparentes y confiables no sólo de cara al 7 de julio, están consientes de que es necesario impulsar una serie de enmiendas a la legislación electoral.
Después de completar el ciclo de la anterior reforma política, es necesario abrir caminos rumbo al postergado debate para darnos nuevas reglas que permitan una profunda reforma del poder en el rumbo de lo que señaló Luis Donaldo Colosio en marzo de 1994.
En el adéndum del Pacto por México (7 de mayo de este año), en la mesa donde se ha estado revisando la reforma política, dieron a conocer una agenda mínima: reglamentación de las nuevas figuras constitucionales (candidaturas independientes, consulta popular, iniciativas ciudadana y preferentes del Ejecutivo), ley de partidos —transparencia en el uso de recursos, reducción de topes de campaña— y propusieron lo del “gobierno de coalición” como alternativa opcional para un Ejecutivo sin mayoría en el Congreso.
En ésta, línea Jorge G. Castañeda va más a fondo y plantea que el propósito de garantizar “mayorías legislativas” en los próximos años (reelección legislativa y de alcaldes, segunda vuelta presidencial, referéndum constitucional vinculatorio, candidaturas independientes “viables”, jefe de gabinete ratificado en el Congreso), implica “una verdadera transformación del País”.
Sin embargo, hay que cuestionarse ¿qué tan prioritaria es la reforma electoral frente a las reformas pendientes? Están pendientes varias asignaturas: transparencia (autonomía del IFAI), combate a la corrupción (creación de la Comisión Nacional que sustituirá a la Secretaría de la Función Pública), regulación de la deuda de Estados y Municipios, y reforma constitucional para otorgar al Congreso de la Unión la facultad de expedir un Código de Procedimientos Penales para todo el País. Además, la Cámara de Diputados completaría el proceso para cubrir la vacante en el Consejo General del IFE.
Los legisladores tendrán que decidir, entre las reformas pendientes, la llamada “Reforma Anticorrupción”, la Ley de Deuda de Gobiernos locales, la Reforma Energética, la Reforma Hacendaria, o la Reforma Electoral, ellos tienen la palabra. Mientras, a esperar a que tomen posesión los que ganen el 7 de julio.