Se destapa “Coahuilazo” de Felipe Calderón y Marisela Morales

POR JESSICA ROSALES

  • PGR torturó a testigos protegidos para inculpar a funcionarios públicos de Coahuila

UNIMEDIOS/ SALTILLO, COAHUILA.- Las declaraciones de testigos protegidos mediante las cuales la PGR -que entonces dirigía Marisela Morales-, basó una averiguación previa para inculpar a funcionarios de Coahuila por delitos federales, se vinieron abajo luego de que narcotraficantes identificados como “Sagitario”, “Serpico” y “Pepillo”, revelaron que fueron obligados mediante tortura física y psicológica a falsear testimonios para vincular a los servidores públicos con actividades de la delincuencia organizada.

El testigo protegido revela que fue torturado para declarar en contra de funcionarios de Coahuila

El testigo protegido revela que fue torturado para declarar en contra de funcionarios de Coahuila

De acuerdo a las declaraciones de los testigos protegidos, uno de los principales objetivos era inculpar al ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés quien en el 2011 se desempeñaba como Presidente del PRI Nacional, y quien obtuvo varios triunfos estatales, entre ellos el de Michoacán en donde venció en las urnas a Luisa María Calderón, hermana del entonces Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa.

Algunos allegados al priismo nacional aseguran que el ex Presidente de la República, Felipe Calderón, pidió al líder tricolor dejar esa entidad a su hermana “Cocoa”, pero éste se negó anunciando en noviembre de 2011 el triunfo para su partido.

Aparentemente este fue uno de los detonantes que impulso una venganza política-electoral del panista Felipe Calderón, la cual sería concretada mediante la fabricación de delitos a través de la PGR que encabezaba Marisela Morales, en contra de quienes consideraban, eran los funcionarios más cercanos de Moreira Valdés en el área de seguridad durante su gestión como Gobernador de Coahuila;  golpe que tendría mayor impacto con aquellos que figuraban la mayor parte del tiempo en los medios de comunicación locales.

Fue entonces que el 16 de febrero del 2012 -un par de meses después de las elecciones para Gobernador en varias entidades- que en Coahuila elementos de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) procedieron a la detención de varios funcionarios durante un evento de la extinta Fiscalía General del Estado.

Fueron detenidos el comandante de la Fiscalía Sergio Tobías Salas, y el agente de la Policía Operativa, Julio César Ruiz Esquivel; mientras que en la delegación de la PGR en Saltillo, aprehendieron a la ex subdelegada de la Procuraduría General de la República (PGR), Claudia González López, quien en ese momento se desempeñaba como ministerio público auxiliar en la dependencia federal, además iniciaron una persecución para aprehender a Humberto Torres Charles, hermano del ex Fiscal Jesús Torres, por quien incluso ofrecieron una recompensa de 3 millones de pesos.

Dos días después, fue detenido el ex jefe de la Policía de Coahuila quien en ese momento se desempeñaba como subsecretario de Seguridad Pública de la Zona Norte de Quintana Roo, Manuel Cícero, por imputaciones de los mismos testigos que lo acusaban de supuestos delitos cometidos en la entidad norteña.

El 23 de febrero elementos de la SIEDO procedieron a la captura de varios mandos de la Fiscalía General del Estado, Juan Fermín Medina Torres encargado de una mesa del grupo de robos en Saltillo, fue aprehendido durante un pase de lista, mientras que Cuahutémoc Rosales Galindo responsable de un depósito de vehículos de la Fiscalía fue interceptado en su vivienda.

Así mismo, acudieron en busca de Everardo Rosales Saucedo, Coordinador del Cuarto Grupo de Homicidios de Saltillo, quien al ser prevenido por varias llamadas telefónicas, entre ellos reporteros, evadió esta acción para promover recursos legales; ya que desde las primeras horas de ese día la información se filtró  a los medios locales por parte de las propias autoridades de la entonces SIEDO.

“Tomaba agua del inodoro”, denuncia testigo protegido

Gerardo Hernández Sánchez identificado como el testigo colaborador “Sagitario”, el pasado 12 de Agosto del presente año durante un careo con Enrique Sánchez Zapata, manifestó haber sido torturado y amenazado en su integridad y la de su familia para declarar en contra de funcionarios de Coahuila y firmar documentos ya elaborados previamente.

“Casi siete meses duré en el sótano de la SIEDO, estuve enfermo, y me dejaban sin comer desde los jueves hasta los lunes, y como ellos trabajaban de lunes a viernes, yo permanecía sin comer sólo tomaba agua del inodoro”, expresa en la diligencia.

Identifica a Guillermina titular de la Coordinación y al fiscal Nestor Fiallo Samayoa, como parte de los funcionarios que le obligaban a firmar declaraciones falsas y elaboradas con anterioridad, pero asegura existen otros más que está dispuesto a evidenciar, aunque por temor a su integridad y las consecuencias de estos señalamientos, solicita la atención y protección de las autoridades antes de revelarlos.

“Les dije (que) cuando llegara a un penal no le mentiría a un juez, y todo esto no lo declaré antes porque he tenido más de 150  declaraciones y como lo he dicho en otras ocasiones, no todas son ciertas, todavía tengo muchos nombres pero no quisiera decirlo porque tengo mucho miedo, porque como ya lo dije, fui torturado”, señaló.

“A mí me sacaban del centro de arraigo de la SIEDO por las tardes y noches, me encerraban en las celdas del sótano de la SIEDO y luego me subían a declarar y luego me volvían a bajar a la celda del sótano; esto fue desde el mes de abril del 2011 al primero de mayo si más no recuerdo, y me dejaron en el sótano de la SIEDO hasta el día catorce de septiembre del 2011, ya que tenía que declarar yo en contra de un funcionario del Gobierno del Estado de Coahuila que se encontraba en campaña en la ciudad de México y se hizo una discusión muy fuerte”, reveló

Ante ello, el testigo solicitó ser enviado a un penal o de lo contrario intentaría suicidarse, ya que manifiesta la intención de la SIEDO era entregarlo a un campo militar y no permitir que purgara su condena en un CEFERESO.

Así mismo, el testigo conocido como “pepillo” asegura que a base de torturas en el sótano de la ahora SEIDO, pretendían obligarlo a firmar declaraciones fabricadas, pero no lo hizo debido a que estaba imposibilitado por una lesión en su brazo, y acusó a un agente de nombre Roberto Cuatle Tovar o Tovar Cuatle, así como a la agente Guillermina de falsificar su firma en dichos documentos.

Las inconsistencias

El 11 de marzo, durante una presentación pública, Cuitláhuac Salinas Riojas, entonces titular de la SIEDO, convocó a una conferencia de prensa con medios nacionales, donde  mostró una fotografía presuntamente de Humberto Torres Charles, señalando que los testigos protegidos identificaban plenamente al coahuilense como protector de los Zetas; sin embargo, en ese momento nadie dio cuenta de que dicha fotografía no correspondía al inculpado, pues se trataba de la imagen de Juan Carlos Gutiérrez Fragoso, Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Durango, situación que jamás fue aclarada por las autoridades federales.

La entonces SIEDO presentó a los medios una fotografía que no corresponde a Humberto Torres Charles

La entonces SIEDO presentó a los medios una fotografía que no corresponde a Humberto Torres Charles

Sergio Tobías Salas, otro de los servidores públicos detenidos, permaneció por casi año y medio en el penal de Almoloya por imputaciones de dichos testigos protegidos. Perdió su patrimonio y  su libertad por declaraciones falsas, pues año y medio después los acusadores se retractaron de las mismas, sin que a la fecha haya recuperado los bienes que le fueron incautados.

El funcionario Juan Fermín Medina Torres fue señalado como responsable del área de Homicidios y acusado de desviar averiguaciones, imputaciones que no pudieron comprobarse ya que en ese momento era el encargado de una mesa del grupo de robos en Saltillo; mientras que Cuauhtémoc Rosales Galindo, fue acusado de desviar casos como Subdirector de robos en domicilios y patrimoniales, área que nunca ha existido en Coahuila, aunado a que tiene 12 años sin realizar una función operativa y estaba encargado de un depósito de vehículos de la Fiscalía.

Durante un careo el testigo protegido Pedro Toga Lara identificado como “Escorpión” señala que la fotografía que identificó de Cuahutémoc Rosales era de un hombre de 45 años de edad, cuando el inculpado tiene 62 años, por lo que admite no reconocerlo y destaca “Ahora que lo veo no se parece al de la foto porque el otro era más joven”.

Por su parte, Everardo Rosales Saucedo fue señalado como Director de la Policía del Estado, encargado de robo de vehículos, y de todos los Ministerios Públicos en la entidad, así como Director de Homicidios y Médico forense en todo el Estado, pero todas las funciones se mencionaron en la misma declaración del testigo protegido, cuando su cargo era sólo el de Coordinador del Cuarto Grupo de Homicidios en Saltillo, el cual nunca se mencionó.

Así mismo, pese a promover un juicio de amparo contra la orden de presentación, localización y aprehensión, en marzo del 2012 la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) al igual que otras dependencias negaron el hecho, pero meses después apareció una orden de aprehensión  fechada desde el 26 de agosto del 2011, lo que evidencia que la AFI falseó información a un juez.

El testigo “Sagitario” describe a Everardo Rosales como una persona de tez blanca, ojos de color y cabello café con barba, aunque sus características reales son ojos oscuros, tez aperlada y pelo negro, sin barba.

Enrique Sánchez Zapata, otra de las personas detenidas, fue señalado por estar al frente del área responsable de Armas, pero dicho cargo lo ostentaba otra persona.

A pesar de las evidentes inconsistencias y acreditar la falsedad de los testimonios, aunado a las retractaciones, algunos de ellos han permanecido detenidos por año y medio en penales de máxima seguridad, mientras que otros esperan se resuelvan sus juicios de amparo para evitar ser encarcelados.

Incluso, dicha averiguación se basa sólo en los dichos de testigos protegidos detenidos por delitos de la delincuencia organizada, sin que haya de por medio pruebas tangibles de las acusaciones realizadas.

Cabe mencionar que luego de realizar investigaciones la Comisión Nacional de Derechos Humanos, bajo el mando de Raúl Plascencia concluyó que las autoridades cometieron detenciones arbitrarias en la persona de Fermín Medina y Cuahutémoc Rosales, en cuyo acto se violaron las garantías individuales de los quejosos, situación que fue notificada por oficio a los familiares de los afectados.

Felipe Calderón ordenó fabricar delitos por venganza político-electoral

Lo anterior, fortalece las declaraciones realizadas en fechas pasadas a  la revista Proceso por Juan Carlos de la Barrera Vite, quien fue titular de la Fiscalía de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud cuando Marisela Morales estuvo al frente de la SIEDO, y el cual lleva un año preso en un penal de Matamoros Tamaulipas por delitos, que asegura, fueron inventados por testigos protegidos.Otro de los testigos protegidos coincide en que fue torturado

Barrera Vite reveló que la ex Procuradora General de la República en el sexenio de Felipe Calderón, Marisela Morales Ibáñez, dio instrucciones de reclutar testigos protegidos para que implicaran con el narco a varios políticos de peso, entre ellos a Andrés Manuel López Obrador y al propio Enrique Peña Nieto, así como al gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, al ex gobernador de esa misma entidad Humberto Moreira.

También de los generales Ricardo Escorcia Vargas, Tomás Ángeles Dauahare y Roberto Dawe González; Zeferino Torreblanca y Manuel Añorve Baños, ambos ex gobernadores de Guerrero; los priistas Jorge Hank Rhon, Manlio Fabio Beltrones, Mariano Herrán Salvatti, Tomás Yarrington, Manuel Cavazos Lerma, Eugenio Hernández Flores, y Fidel Herrera Beltrán, entre otros.

“Es una venganza de Marisela Morales Ibáñez (porque) me negué a fabricar declaraciones en contra de políticos que estorbaban al gobierno… Lo hizo para implicarme, incluso manipuló declaraciones de dos testigos protegidos”, aseguró el ex funcionario.

De la Barrera insiste: Morales llevaba a las reuniones semanales “una lista con nombres de funcionarios de alto nivel de los tres órdenes de gobierno, empresarios y abogados. Daba órdenes a ministerios públicos, fiscales, coordinadores y titulares de unidad para que -con medidas indebidas, como golpes o torturas psicológicas- presionáramos a testigos protegidos y a detenidos para que les abrieran proceso y se les inventaran declaraciones. Quería elementos para condenarlos y tenerlos bajo su control. Forzaba averiguaciones previas que nunca contaban con sustento legal”.

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