UNIMEDIOS/ TERESA QUIROZ.- Tras la clausura de los últimos casinos que permanecían abiertos en Saltillo, el Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdéz expresó que no habrá marcha atrás y anunció que en próximas fechas presentará ante el Poder Legislativo una iniciativa de “Ley Anticasinos”.

Durante un operativo encabezado por las áreas de Desarrollo Urbano, Ecología y Protección Civil de la Alcaldía, se clausuraron los centros de juego, por lo que el Mandatario explicó que dichos cierres se realizaron por infracciones a la normatividad, incumplimiento en el pago de impuestos y falta de permiso; además puntualizó que no tiene que ver con fines moralistas, ya que considero injusto que el dinero de los coahuilenses sea destinado a enriquecer a otras personas que a través del juego roban a la ciudadanía.

Al cuestionarle sobre el problema de ludopatía que persiste en la ciudad, Rubén Moreira, expresó que si esos ciudadanos tenían dinero para jugar también tendrán dinero para pagarse un tratamiento.

En relación a los empleos que se perdieron resaltó que en Coahuila hay más oportunidades laborales y no solo los casinos eran fuente de crecimiento económico, pues dijo que tan solo en Torreón se cuenta con más de 800 vacantes y en Saltillo la oferta de trabajo se extiende a 700 puestos aproximadamente.

Tras anunciar que creará una Ley Anti casinos a fin de que no haya más casas de juegos en Coahuila, el gobernador Rubén Moreira Valdez, dijo que el problema de los casinos tiene solución, ya que con la ley anti alcoholes se benefició la afluencia de jóvenes en este tipo de establecimientos.

Expuso que ya no se autorizará la instalación de más casinos, además de que estos permisos no provenían del estado sino de la administración presidencial del sexenio pasado, lo cual considero como un desatino por parte de las autoridades federales.

Por último, aseguró que estas medidas son para evitar una tragedia como la del casino Royal en la ciudad de Monterrey, ya que al momento de que llegue a pasar un acontecimiento de esta magnitud la ciudadanía arremeterá contra el gobierno, y es por eso que las autoridades buscan eliminar todo riesgo como medida de prevención.

Por su parte,  el Alcalde Jericó Abramo Masso, dijo que el asunto de las concesiones ya no es de competencia municipal ni estatal, sino federal, pues los permisos fueron expedidos por la pasada administración presidencial.

El edil descartó la posibilidad de que los propietarios de estos establecimientos busques un amparo, pues reitero que no habrá marcha atrás en estas medidas, ya que consideró son por el bien y la seguridad de la ciudadanía.

El alcalde aplaudió la iniciativa del Gobernador Rubén Moreira de presentar la ley anticasinos, al coincidir en que es favorable para la seguridad del Estado.

“El cerrar casinos es una acción que debe aplaudirse, pero la adicción al juego es un problema social que no se resolverá clausurándolos” aseguro.

Destacó que el Ayuntamiento de Saltillo realizó el “operativo” de cierre de casinos en la ciudad que derivó, según se informó, en el cierre de dos establecimientos que operaban al margen de las disposiciones en materia de uso del suelo, protección civil y operación de máquinas de juego.

“Nada puede argumentarse en relación al hecho de que las autoridades municipales hayan decidido asumir plenamente sus responsabilidades haciendo cumplir la ley: si los establecimientos citados infringieron cualquiera de las normas vigentes a cuyo cumplimiento se encuentran obligados, la clausura era lo mínimo que debía esperarse” dijo el edil al opinar sobre el tema.

“La ludopatía se está convirtiendo en un problema de salud pública en este País”, señaló, “y basta transitar por los lugares donde se dan apuestas y juegos, para saber que a toda hora hay ciudadanos que están ahí en el juego” agregó.

Cabe mencionar que previo a los cierres en Saltillo, el casino Majestic, cuarto y único casino que se encontraba en funcionamiento en Torreón, fue clausurado el 28 de febrero por policías municipales y personal de la Dirección de Inspección y Verificación, por realizar modificaciones en el edificio sin la autorización del Departamento de Obras Públicas.

Con imágenes de Raymundo Bazaldua