En la impunidad daño ambiental en Coahuila por actividad minera

*Algunas dependencias federales responsables de la vigilancia se han mantenido omisas a las necesidades de la Región Carbonífera.

UNIMEDIOS/ JESSICA ROSALES.- La indiferencia de algunas autoridades responsables de vigilar e inspeccionar la actividad minera en Coahuila, ha permitido que empresarios del negocio del carbón trabajen amparados en la impunidad, violentando las leyes, sometiendo a los trabajadores y además causando severos daños al medio ambiente, que nadie se ha encargado de detener.Trabajan en tiros de un metro a un metro 20 de altura en muchos de los pozos mineros.

La Región Carbonífera de Coahuila no sólo es víctima de la delincuencia organizada, pues por la indolencia de la autoridad federal, trabajadores y pobladores tienen que enfrentar además daños a la salud y los estragos de una nula revisión en el impacto ambiental que deriva en riesgos a su integridad física.

De acuerdo a la legislación, la vigilancia de la actividad minera corresponde principalmente a la autoridad federal, dependencias como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), La Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y la Secretaría de Economía (SE), son responsables de la inspección y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones en diversas áreas.

Sin embargo, de acuerdo a una investigación realizada por Unimedios, se desprende que no todas las instancias federales han cumplido con su labor, y de su propia voz, reconocen que a su consideración no tienen obligación al respecto.

Asegura Profepa no estar obligada a inspeccionar pocitos

En Coahuila se registran casi 3 millones de hectáreas destinadas a la explotación del carbón para las 2 mil 53 concesiones otorgadas por la Secretaría de Economía, de las cuales mil 017 se ubican en la Región Carbonífera, y de éstas 300 ó 400 son pocitos de tiro vertical con menos de 100 metros de profundidad.

A pesar de los daños que genera esta actividad en el suelo, subsuelo, el agua y la fauna, entre otros, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Coahuila, (Profepa) reconoce que los pocitos quedan fuera de su vigilancia, dejando a los propietarios de estas mismas en completa impunidad sin temor de sanción por incumplimiento de las medidas de remediación a las que obliga la ley.

Ada Angélica García Hernández, delegada en Coahuila de la Profepa señala que a principios de año, antes de que tomara posesión de su cargo, se inspeccionaron 5 minas de tajo a cielo abierto, cifra que ni siquiera alcanza el 1 por ciento del total que existen en Coahuila, a partir de su llegada ninguna visita se ha realizado a la región.

“No, a las minas no, si son minas subterráneas no, los que le nombran aquí pozos no, si son tajos (a cielo abierto) sí porque ahí hay un impacto ambiental y cambio de uso de suelo, que son lo que nosotros revisamos”, admitió la funcionaria.

La delegada tomó protesta del cargo en marzo del 2012, y desde entonces a la fecha no se ha efectuado ninguna inspección en Coahuila en la actividad minera, a decir de la propia funcionaria quien admite sólo 5 están en proceso.

“Como esas minas tienen las autorizaciones correspondientes de Semarnat en razón de cambio de uso de suelo e impacto ambiental, tiene una serie de condicionantes que tiene que cumplir, y en base a esas condicionantes vamos y revisamos si están cumpliendo, sino se le aplican las sanciones correspondientes”, expuso.

Añadió, “son tajos a cielo abierto, son las que nos corresponden a nosotros ir a verificar en esos dos rubros, como parte del impacto y cambio de uso de suelo, minas como tal no se revisan. A nosotros nos interesa más las medidas de remediación más que una multa, porque una multa no nos va a retribuir lograr que el medio ambiente sea el óptimo”.

Aseguró que de las 5 inspeccionadas a principios de año, a una se le aplicó una sanción cuyos datos no proporcionó, y otra se encuentra en proceso, insistiendo que se verifican como impacto ambiental y no como minas, a pesar de que así lo prevé la ley.

Ley prevé sanciones de hasta 3 millones de pesos

De acuerdo a la Ley de General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la autoridad federal es responsable de verificar la adecuada ubicación y formas de los depósitos de desmontes, relaves y escorias de las minas y establecimientos de beneficios de los minerales, como lo establece el artículo 108 fracción III.

Los rangos de sanciones van desde los 50 a 50 mil salarios mínimos, es decir, de 3 mil hasta  3 millones de pesos aproximadamente, dependiendo de la gravedad de la falta administrativa.

Ahora bien, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, señala en su artículo 3º fracción XIX: se entiende por impacto ambiental a la modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza.

Así mismo, la fracción XX del mismo artículo indica: la manifestación de impacto ambiental es el documento mediante el cual se da a conocer, con base en el estudio, el impacto ambiental, significativo y potencial que generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo, de la misma manera, el propio ordenamiento jurídico, señala en el artículo 28 fracción III la obligación de presentar a la secretaria, en este caso de medio ambiente, la evaluación de impacto ambiental en la actividad minera.

Los impactos ambientales de la minería, requieren de ser documentados para estar en posibilidades de establecer las medidas preventivas o correctivas; y en su caso de sanción, por lo que son necesarias las inspecciones, y de acuerdo a la información oficial, estos actos de autoridad no fueron realizados  durante el 2012 por la totalidad de las dependencias.

Profepa e IMSS declinaron invitación para inspeccionar minas

En contraparte,  de acuerdo a los datos proporcionados, instancias como la delegación estatal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como de la Secretaría de Economía se inspeccionaron alrededor de 435 minas en los últimos meses, de las cuales se aplicaron las medidas correspondientes en algunas de ellas.

Julio Fisher, Delegado de la Secretaría de Economía, expuso que de las 2 mil 053 concesiones pueden existir alrededor de 3 mil centros de trabajo,  y dijo, en conjunto con la Secretaria del Trabajo en los meses recientes, aunque se solicitó como meta 400 visitas en la Región Carbonífera, esta cifra se superó.

“Profepa y el IMSS originalmente estaban invitados a estas visitas que parecían como de fiesta porque íbamos un montón de gente, la realidad es que todo el tiempo hemos estado yendo nosotros solos, (Secretaría del) Trabajo y (Secretaría) Economía, nosotros acompañamos a la otra dependencia porque nosotros no podemos suspender una mina”, reveló.

El funcionarios explicó que sólo el 10 por ciento de carbón que se extrae se utiliza, por lo que el resto, el 90 por ciento, son residuos que se quedan tirados y se desperdician, aunque su vigilancia corresponde a otra área.

Indicó que Profepa tiene un procedimiento distinto, y aunque Economía está apoyando a la Secretaría del Trabajo en el cierre, la otra instancia federal no ha solicitado ningún tipo de apoyo hasta el momento.

Julio Fisher informó que se mantienen 5 inspectores de base en Sabinas, revisando que los concesionarios se encuentren al corriente en sus pagos y otros procedimientos de conciliación en torno a disputas por tenencia de la tierra.

Actividad minera genera serios daños al ambiente

Por su naturaleza, la minería implica la producción de grandes cantidades de residuos; una gran proporción de los materiales de flujo de entradas y salidas de residuos, se puede atribuir a combustibles fósiles, carbón y la minería de metales, se calcula que del 60 al 90 % del material extraído es considerado residuo.

De acuerdo a especialistas, la eliminación de estas grandes cantidades de residuos, puede significar la afectación al medio ambiente, los impactos a menudo más pronunciadas por minas al aire libre que en minas del subsuelo.

En la región carbonífera, existen la minas denominadas Tajos, que muchas veces después de su explotación son abandonadas como por ejemplo, la que ahora es utilizada como tiradero municipal en San Juan de Sabinas; pero esto no es todo, a menudo este tipo de actividades acarrean la degradación de los ecosistemas acuáticos y los cuerpos receptores de agua, la contaminación de estos resulta de varios factores.

El drenaje ácido es uno de los impactos ambientales más graves asociados a la minería, se produce cuando los minerales que contienen sulfuro y este combinado con el agua producen ácido sulfúrico. El agua acida puede filtrarse posteriormente al suelo y subsuelo generando pasivos ambientales y provocando daños a las aguas subterráneas.

Se considera pasivo ambiental a aquellos sitios contaminados por la liberación de materiales o residuos peligrosos, que no fueron remediados oportunamente para impedir la dispersión de contaminantes, pero que implican una obligación de remediación.

El drenaje ácido impacta la vida acuática cuando se vierte en cuerpos de agua como los arroyos  y ríos; es necesario señalar que en esta región de Coahuila, existen varios ríos que cruzan cerca de esta zona de explotación minera, como lo son el río sabinas, cercano a minas como florida, pasta de conchos y otras.

También el Río Bravo, cercano a las minas instaladas en Piedras Negras como lo es la mina Carlos III y el río San Rodrigo cercano a la mina III, y a la fecha no se ha realizado ningún tipo de estudio para determinar la calidad del agua en estos lugares, ni se tiene un registro actual de los lugares tratados por pasivos ambientales.

Mayores concentraciones de sedimentos  aumenta la turbiedad de las aguas, la reducción de la luz disponible para las plantas acuáticas para la fotosíntesis y la disminución del hábitat disponible para los peces.

El impacto más evidente para la biodiversidad ocasionada por la minería  es la eliminación de vegetación, que a su vez altera la disponibilidad de alimento y refugio a la fauna. A una escala más amplia, la minería, puede alterar la variedad biológica, debido, ya sea por el fluido acido o las concentraciones de metales pesados que se generan de estas actividades.

Algunas especies son tolerantes a este cambio en su ecosistema, pero otros se ven en la necesidad de emigrar, alterando la cadena alimenticia y dificultan la reproducción. A la fecha no se conoce una inspección o estudio que relacione los daños ambientales en la región.

Los gases que migran de una excavación subterránea hacia la atmósfera provienen fundamentalmente de la liberación debida a la descompresión de la roca, y en algunos casos a los gases producto de las voladuras. Estas concentraciones de gases pueden ser letales dentro del ambiente confinado de la mina, sin embargo no alcanzan a alterar, la composición de la atmósfera superficial, ni presentan incidencia alguna en los cambios climáticos.