UNIMEDIOS.- Tras una revisión y análisis detallado con las Familias de FUUNDEC‐M, de la propuesta para un Programa Estatal para Personas Desaparecidas, la asociación considero que el documento tiene el mérito de abordar de una manera específica el grave y generalizado problema de las desapariciones en Coahuila, y que  adolece de un tratamiento estructural.

Sin dejar de reconocer este esfuerzo por parte del gobierno estatal, la fundación emitió las siguientes  observaciones, mismas que esperan sean retomadas por del titular del Poder Ejecutivo del Estado, advirtiendo que  por principio de cuentas la propuesta parte de cero, como si apenas empezara el fenómeno, cuando en palabras del propio gobernador las cifras son mucho mayores de las que demandan acción urgente en FUUNDEC.

 En opinión de la organización, el diagnóstico sobre la gravedad del asunto no está a discusión, pero tampoco está debidamente aceptado en toda su dimensión. Tras las detenciones de febrero de 2012, en la cual son involucradas como copartícipes de la delincuencia organizada servidores (as) públicos (as) del orden común y del orden federal se refuerza una de nuestras exigencias: la estructura del Estado está dañada en un muy importante nivel y en un alcance cuyo fondo aún no se puede precisar.

 El pasado 14 de marzo el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desaparición Forzada o Involuntaria de Personas formalizó ante el Gobierno de México su informe en el que hace importantes pronunciamientos relacionados con la falta de políticas públicas de prevención, con la corrupción galopante en todas las instancias del Estado, así como la generalizada impunidad y las recurrentes participaciones de agentes del Estado en las desapariciones de personas.

 Coahuila fue uno de las entidades visitadas por dicho Grupo de Trabajo, y consideramos que tras las detenciones de febrero pasado y la presentación del informe de trabajo, corresponde hacer ajustes estructurales a la propuesta presentada por el Gobernador del Estado.

El Grupo de Trabajo propone para la atención estructural el reconocer la dimensión del problema así como el grado de involucramiento de servidores públicos de todos los niveles y órdenes de gobierno.

Destacaron que las detenciones de funcionarios el pasado mes de febrero restan autoridad al Estado, pero no necesariamente al gobernador, si éste toma acciones de gobierno valientes y de hondo calado, pasando por reconocer la dimensión del problema e iniciar procesos de investigación contra todos los funcionarios presuntamente vinculados a las delincuencia organizada, asimismo habrá que hacer una evaluación exhaustiva de todos los funcionarios que han conocido de los casos de desapariciones y deslindar responsabilidades en cuanto a posibles actos de obstrucción al derecho a la justicia.

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