Integrantes de diferentes organizaciones ciudadanas e instituciones académicas promueven que sea obligatorio para los funcionarios publicar su declaración de intereses, patrimonial y fiscal, para combatir la corrupción.
Con información de Animal Politico
Organizaciones ciudadanas propusieron este martes que la iniciativa #3de3 se convierta en ley en todo el país, con lo que sería obligación jurídica para los servidores públicos dar a conocer sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, y ya no solo un tema de buena voluntad.
Entre sus puntos clave, la iniciativa “Ley 3 de 3” o propuesta de Ley General de Responsabilidades Administrativasestablece que se dé seguimiento con auditorías a la información que proporcionen los funcionarios públicos, y “llevar un sistema público de registro y seguimiento tanto de la declaración de intereses como de la declaración patrimonial de los sujetos obligados”.
En caso de que se detecten irregularidades, como un incremento injustificado en el patrimonio,las autoridades competentes darían aviso al Ministerio Público, para que avance una investigación. Además se crearía una “lista negra de corruptos”, o Registro Nacional de Servidores Públicos Sancionados (RNSPS).
“El RNSPS será público, y será de consulta obligatoria para todas las dependencias, entidades y órganos de todos los Poderes, Órdenes de gobierno, y Órganos Autónomos del Estado Mexicano, así como de las empresas productivas del Estado, en sus procesos de selección, incorporación, contratación, comisión o empleo de cualquier persona”, detalla el proyecto.
En otro de los apartados de la propuesta, se definen 10 conductas que serían consideradas como actos de corrupción: 1) el soborno, 2) el peculado o desvío de fondos públicos, 3) el tráfico de influencias, 4) el abuso de funciones, 5) el enriquecimiento oculto, 6) la obstrucción de la justicia, 7) la colusión, 8) la utilización ilegal de información falsa o confidencial, 9) el nepotismo y 10) la conspiración para cometer actos de corrupción.
Durante el proceso electoral de 2015, diferentes candidatos aceptaron participar en la iniciativa ciudadana #3de3, aunque de forma voluntaria. Ahora se busca que ese mecanismo de transparencia se obligatorio, al quedar establecido en “la Ley 3 de 3”.
Además la iniciativa incluye un capítulo enfocado en la integridad de las empresas, donde se delimitan responsabilidades administrativas a los empresarios que incurran en actos de corrupción.
“Con 120 mil firmas, esta propuesta se puede convertir en iniciativa ciudadana de LEY 3de3 para ser revisada por el Congreso de la Unión”, mencionan los ciudadanos, además de difundir el hashtag #YaFirméLey3de3 y la cuenta de Twitter @ley3de3.
“La Iniciativa ciudadana de Ley 3de3 permite canalizar el enojo social en un esfuerzo constructivo por forjar instituciones más sólidas y gobiernos más honestos y capaces”, agregan.
En el siguiente gráfico puedes ver 15 puntos clave de la “Ley 3 de 3”:
Por mandato constitucional, tras las reformas del año pasado, y como plazo máximo, en mayo de 2016 debe ser aprobada por el Congreso la legislación secundaria para que se active el Sistema Nacional Anticorrupción, y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es donde se enfoca la iniciativa ciudadana presentada este martes.
La propuesta de 100 artículos para regular la conducta de los servidores públicos se trabajó desde mayo de 2015.
Entre los expertos que participaron en ella están Eduardo Bohórquez, director general de Transparencia Mexicana; María Amparo Casar, investigadora del CIDE; Mauricio Merino, de la Red por la Rendición de Cuentas; José Octavio López, consejero de Causa en Común, y Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano por la Competitividad (IMCO).
Enrique Cárdenas Sánchez, director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, se desempeñó como coordinador del proyecto.
“La corrupción es uno de los principales problemas públicos en México”, indican los ciudadanos que promueven la iniciativa en su exposición de motivos.
“El Banco de México y el Banco Mundial coinciden en que la corrupción equivale al 9% del Producto Nacional Bruto; el INEGI calcula que alcanza un monto de $347 mil millones de pesos al año”, agregan.
Aquí puedes consultar el documento completo de la iniciativa:
Iniciativa Ciudadana de Ley General de Responsabilidades Administrativas