POR REDACCIÓN

UNIMEDIOS/ SALTILLO, COAHUILA.- Autoridades y sociedad civil proponen dar certeza al próximo proceso electoral, así como blindar los programas sociales, pero sin afectar los intereses de los beneficiarios, sobre todo de los que viven en pobreza extrema. FORO

Al inaugurar el foro “Diálogo para la Construcción de acciones de control, vigilancia y blindaje electoral de programas sociales”, el secretario de Gobierno, Armando Luna Canales, señaló que se debe aprovechar la experiencia de las elecciones pasada, para sirvan de plataforma en la aplicación de los programas sociales.

Con base a dichos resultados, añadió más adelante, se deben establecer nuevos criterios  que sean congruentes con la situación que se viven en todo el país, y el empeño de los tres órdenes de gobierno por combatir la desigualdad y la marginación en que viven miles de familias.

Señaló que hoy es buen momento para dialogar y discutir el tema, dado que a partir del próximo mes se abre oficialmente el proceso electoral para renovar los legisladores del congreso del estado, a fin de tomar las decisiones que sean las más acertadas para darle certeza al proceso y blindar los programas sociales.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes, presentó parte del informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo social (CONEVAL), que ubica a Coahuila como el Estado con menos pobres, solamente debajo de Sinaloa, y el cuarto sitio en pobreza extrema, con 93 mil coahuilenses que viven en esa situación.

“Por este motivo y de acuerdo a las políticas del presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador Rubén Moreira, se trabaja con programas sociales específicos para que el próximo año se acorte la distancia entre este segmento y el resto de la población. Y solamente se puede lograr con el apoyo continuo y decidido de los programas sociales, que solamente buscan llevar alicientes a las familias, para elevar su calidad de vida”, añadió.

Al foro de consulta asistieron funcionarios estatales, del ICAI, de instituciones de educación superior y representantes de la sociedad civil.