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Propone Marcelo Torres blindar labor de policías
  •  Código Penal debe ser adaptado para mayor castigo legal a quien ataque a elementos en funciones

POR UNIMEDIOS DIGITAL

SALTILLO, COAHUILA. 8 de mayo de 2019.- Luego de que se han registrado incidentes en que en el cumplimiento de su deber, integrantes de corporaciones de seguridad son agredidos por ciudadanos, el Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Marcelo Torres Cofiño, propuso incluir en el Código Penal de Coahuila sanciones a quien ejerza violencia contra un miembro de instituciones de seguridad pública en el estado de Coahuila por el simple hecho de realizar debidamente sus funciones.

Señaló que la razón principal de obedecer a las autoridades, es porque ellos, en uso de sus facultades son los encargados de asegurar el orden y el bien común en la sociedad.

“Lamentablemente hemos visto como en los últimos años a través de las redes sociales, como personas agreden impunemente a quienes se encargan de velar por nuestra seguridad, sin que exista castigo alguno para quienes en uso de la violencia agreden a los miembros o integrantes de instituciones de seguridad pública o agentes de tránsito o vialidad” expuso.

Si bien la ley contempla penas contra el abuso violento de la autoridad, ésta misma no contempla disposiciones que garanticen el respeto y la seguridad que el cargo y las funciones que los elementos desempeñan ameritan.

“Cualquier exceso es malo, tanto el abuso de autoridad por parte de elementos de policía, como también el que ciudadanos ejerzan la violencia contra los policías que lo único que hacen es cumplir su deber, tenemos que dignificar el trabajo de los buenos policías y contribuir a mantener el orden público” expuso.

Es por ello que propuso incluir el artículo 341 bis al Código Penal para el Estado de Coahuila para tipificar como delitos contra tareas preventivas de seguridad pública, la violencia contra miembros o integrantes de instituciones de seguridad pública y que se establece que se impondrá de seis meses a dos años de prisión y de doscientos a quinientos días multa, a quien ejerza violencia contra un miembro o integrante de instituciones de seguridad pública, por razón de sus funciones o para obligarlo a ejecutar u omitir algún acto propio de su cargo o a realizar uno contrario a sus deberes oficiales.

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