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Coinciden en la obligación fiscal, pero sugieren que se apliquen medidas preventivas
NADIA BALLESTEROS
UNIMEDIOS/ SALTILLO, COAHUILA. 3 de septiembre de 2019.- Aunque coincidieron en que todos los ciudadanos deben cumplir la ley y con sus obligaciones fiscales, los diputados de UDC, Emilio de Hoyos; y del PAN, Gerardo Aguado Gómez; solicitaron al Gobierno del estado dar a conocer los protocolos, bases y convenios de revisión vehicular, y se respeten los derechos de los automovilistas.
El diputado Emilio De Hoyos, indicó que, para el Grupo Parlamentario de UDC, es más adecuado hacer este tipo de labores, en primera instancia, a través de acciones preventivas y de una debida información a la ciudadanía sobre la forma y el fundamento de estos retenes, asegurándose de que todos los ciudadanos sepan a cabalidad sus derechos.
Cabe mencionar que la Administración Fiscal General confirmó que durante el mes de septiembre se suspenden las multas y decomisos, aunque continuarán los operativos, no obstante, las medidas se reanudarán a partir del primero de octubre.
El diputado Gerardo Aguado Gómez habló sobre los operativos que la Administración Fiscal General del Estado realiza en diversos municipios del Estado, “No debe existir evasión fiscal y todos debemos pagar impuestos; sin embargo es necesario defender que en los operativos implementados no se cometan excesos ni se lleven a cabo procedimientos contrarios a derecho o que no cumplan con las formalidades del caso” explicó en el marco del inicio del Periodo Ordinario de Sesiones.
“En los hechos, como se ha demostrado en todo el país, los operativos para ejecutar adeudos fiscales no siempre son apegados a derecho, lo que ha motivado que se hayan generado múltiples criterios de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, dijo.
Consideró que el tema de la participación de las autoridades locales en el aseguramiento de vehículos de procedencia extranjera, siguen existiendo diversas aristas que no se han resuelto, como el hecho de que en el año 2017, la Suprema Corte determinó que la Policía Federal sí podía poner a disposición de las autoridades aduaneras los vehículos que no acreditaran su legal estancia en el país. Pero, tal atribución se le dio a la policía federal, no a otros cuerpos de seguridad pública.
“Actuar conforme a derecho por parte del estado incluso evitaría que con amparos se retrasara el cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente, ya que la ejecución incorrecta del cobro deriva en estas alternativas por parte de los ciudadanos, buscamos que en todo momento se observen las reglas y los procedimientos del Código Fiscal y la Constitución” señaló Gerardo Aguado al dar lectura al Punto de Acuerdo.