POR JESSICA ROSALES
UNIMEDIOS/ SALTILLO, COAHUILA.- Tras la demanda civil interpuesta en Corpus Christi en contra del ex Gobernador interino de Coahuila, Jorge Torres López, por presunto lavado de dinero; el PAN buscará ampliar la solicitud a Estados Unidos para que los 2.8 millones de dólares que les fueron confiscados se entreguen a las arcas de esta entidad mexicana.
Así lo reveló Bernardo González, Secretario General de este partido político en la entidad, tras destacar que sigue en proceso la solicitud del Senador Luis Fernando Salazar para que las autoridades estadounidenses entreguen al Gobierno de Coahuila los recursos y patrimonio confiscado a Javier Villarreal, ex titular del SATEC y principal inculpado por adquirir créditos ilícitos en la megadeuda; por lo que buscarán ampliar la petición a fin de añadir lo correspondiente a Torres López.
Según una publicación del periódico “San Antonio Express News”, Torres López, junto a Javier Villarreal, habría canalizado millones de dólares a través de cuentas bancarias en Estados Unidos como parte de la malversación de fondos del Gobierno de Coahuila, según se afirmó en la corte federal por parte de la Fiscalía, que le confiscó el recurso de una cuenta albergada en Bermudas.
En este sentido, el PAN en Coahuila, señala que si el ex funcionario incurrió en irregularidades debe sancionarse, y aunque reconocen que no cuentan con pruebas para demostrarlo insisten en que el principal responsable es el ex Gobernador Humberto Moreira Valdés, rechazando que fuera exonerado por la PGR como se dio a conocer en noviembre del 2012.
En este sentido, cabe mencionar que las autoridades federales durante el periodo de Felipe Calderón establecieron que: “…es importante señalar que en el caso no existe un solo medio probatorio del que se desprendan indicios de la probable responsabilidad del ciudadano Humberto Moreira Valdés en la comisión de los referidos ilícitos, ni tampoco se cuenta con imputaciones, de ninguna índole, que permitan sostener las mencionadas acusaciones, es decir no existen probanzas documentales, ni testimoniales, de las que se desprenda su pretendida participación en estos hechos”.
A pesar de lo anterior, Bernardo González destacó, “la Auditoría superior del Estado ha sido una tapadera, claro que tenemos sospecha fundada que de ahí financió su campaña para Presidente Nacional del PRI que al final fue fallida, y hay miles de propiedades con muchos prestanombres”.
¿Han tenido acceso a alguna prueba que pueda demostrarlo?, se cuestionó al panista quien respondió: “el Gobierno del Estado lógicamente no ha dado información, siendo su obligación la información necesaria porque tienen que transparentarlo, entonces si él era el Gobernador responsables tiene que rendir cuentas”.
Añadió, “Primero que nada tenemos que ver esto de una manera absoluta, el Gobernador era Humberto Moreira, el primero, él fue el que puso a Jorge Torres López, también el tendrá responsabilidad pero creemos que el mayor involucrado era Humberto Moreira”.
Cabe mencionar que el 20 de noviembre del 2012, un video grabado por el ex Gobernador Humberto Moreira Valdés durante una reunión que sostuvo con Sergio Fuentes, uno de los principales implicados en la megadeuda, revela que créditos adquiridos ilegalmente en Coahuila por un monto de 2 mil millones de pesos fueron concretados en marzo del 2011, fecha en que Jorge Torres López fungía como Gobernador interino.
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Exculpa PGR a Humberto Moreira de deuda ilegal
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Fuente Milenio
México • La Procuraduría General de la República (PGR) no cuenta con pruebas que relacionen a Humberto Moreira Valdés, ex gobernador de Coahuila, con la deuda contraída por su estado por más de 5 mil millones de pesos, a través de documentación falsa, por lo que propuso el no ejercicio de la acción penal al actualizarse la causa de extinción del delito.
MILENIO tuvo acceso a la consulta que presentó Ignacio Sandoval Alviso, agente del Ministerio Público Federal, titular de la Mesa XII de la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de la Justicia, en la que determinó:
“…es importante señalar que en el caso no existe un solo medio probatorio del que se desprendan indicios de la probable responsabilidad del ciudadano Humberto Moreira Valdés en la comisión de los referidos ilícitos, ni tampoco se cuenta con imputaciones, de ninguna índole, que permitan sostener las mencionadas acusaciones, es decir no existen probanzas documentales, ni testimoniales, de las que se desprenda su pretendida participación en estos hechos”.
La consulta fue presentada a diputados federales del PAN, así como ex síndicos de dicho partido en Coahuila, porque ellos aseguraron que durante la gestión de Moreira se cometieron actos presuntamente constitutivos de delito para contraer dicho endeudamiento.
Sin embargo, la resolución emitida el 18 de mayo del presente año por el agente del Ministerio Público Federal de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales no fue impugnada.
Además, esos legisladores, que ejercían como diputados locales al momento de la denuncia (Mario Alberto Dávila Delgado, Esther Quintana Salinas y el ex síndico de la Administración Municipal de Frontera, Rodrigo Rivas Urbiba), no respondieron a los requerimientos que en su momento les hizo la PGR, porque estaban en campaña en busca de una curul federal.
“Por lo anterior, a fin de no retrasar la procuración de justicia y vulnerar alguna garantía individual, es que dentro de la presente averiguación previa PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XII/004/2012 y su acumulada PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XXXII/009/2012 es procedente determinar proponer el no ejercicio de la acción penal al actualizarse la causa de extinción del delito…”, dice la consulta firmada por el agente del Ministerio Público Federal y avalada por el encargado de la fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, Roberto Alejandro Ruiz Rubio.
En las averiguaciones previas se hace mención de cada una de las imputaciones contra el ex gobernador, en donde de manera reiterada sus acusadores alegan que durante la administración 2005-2011 “se incrementó exponencialmente la deuda”.
Y que después de “realizar una serie de investigaciones” y “constatar” ciertos hechos se percataron que se podían constituir una serie de delitos contemplados en el Código Penal Federal.
En febrero de este año, la PGR informó públicamente que se documentó un presunto fraude por más de 5 mil 300 millones de pesos, en el que participaron autoridades estatales y federales.
Pero los quejosos indicaron que dicho endeudamiento ascendía a 35 mil 540 millones de pesos.
Cabe mencionar que la PGR inició las averiguaciones por la presentación de cinco denuncias, por la obtención de igual número de créditos, con documentos falsos, otorgadas al gobierno del estado, cuatro de ellos durante la gestión de Humberto Moreira.
Entre esas se encuentra las que pidió indagar la Procuraduría Fiscal de la Federación que encabeza Javier Laynez Potisek.
Incluso en entrevistas que concedió el procurador fiscal, dijo que la Secretaría de Hacienda descubrió cinco créditos con instituciones bancarias distintas donde se detectó la misma forma de operar, es decir, con documentación falsa.
Subrayó que las irregularidades ocurrieron en diciembre de 2009; en julio, septiembre y diciembre de 2010, y marzo de 2011. Es decir, cuatro durante la gubernatura de Moreira, que sumaban 4 mil 300 millones de pesos.
Desde febrero de este año, la PGR dejó en claro que no había pruebas que relacionaran al ex gobernador con la pesquisa, pero investigaba cada una de las denuncias.
También dio a conocer que emitió una alerta migratoria y solicitó el apoyo de Interpol para capturar a cinco ex funcionarios del gobierno de Coahuila presuntamente involucrados en la contratación de deuda pública, créditos que obtuvieron a través de documentos falsos que supuestamente facilitaron dos funcionarios de la Secretaría de Hacienda.
Cuatro de estos ex servidores públicos ya habían sido capturados por la Fiscalía General de Coahuila y posteriormente se les inició un proceso en el juzgado Segundo Penal de Primera Instancia en Saltillo, pero el delito que se les imputó no era grave, motivo por el cual alcanzaron la libertad bajo fianza a fines de octubre de 2011.
Ellos son el ex titular de la Tesorería General de Coahuila, Miguel Ramón Rodríguez Flores; el ex secretario ejecutivo del Servicio de Administración Tributaria de ese estado, Héctor Javier Villarreal Hernández; el ex administrador general de política públicas del Satec, Sergio Ricardo Fuentes Flores, y el ex sub administrador de Políticas Públicas del Satec, Enrique Ledezma Sánchez.