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Se tatúan sus iniciales para ser identificados en caso de morir en yacimientos

TEXTO: JESSICA ROSALES                            FOTOS:ENRIQUE PALOMO.-

UNIMEDIOS/ SABINAS, COAHUILA.- Pozos inseguros,  minas inundadas y carentes de tecnología, generan millonarias riquezas a los empresarios del carbón, mientras que para los trabajadores significan sueldos miserables y la única oportunidad en esta zona del país de llevar alimento a sus hogares a costa de su vida; por lo que optan por tatuar la inicial de su nombre o el número de seguro social para ser identificados por familiares en caso de morir al interior.

Un sentimiento estremecedor surge al observar las condiciones físicas que existen en el fondo de los pozos mineros y el grado de explotación al que están sometidos los trabajadores, quienes resignados y previendo un desenlace fatal, previenen su muerte.

Se trata de un grupo de la población excluido, olvidado, discriminado por su condición de pobreza e ignorancia que los ha dejado en la injusticia social, con muertes que terminan en la impunidad pese a la responsabilidad de los propietarios de las minas.

Y es que mientras cada día arriesgan su vida por un ingreso promedio de 135 a 200 pesos, sus patrones, los cientos de productores del carbón obtienen jugosas ganancias al igual que los “coyotes” que ni siquiera se ven en la necesidad de tener un permiso para  operar un pozo, pues por trabajar como intermediarios obtienen millones, pero de esto ni un solo peso baja al minero.

Eliseo Delgadillo tiene tatuada en su  mano izquierda la inicial de su nombre en color verde, y su sentir es como el de todos, “las esposas de uno saben bien el riesgo que tenemos, todos  los días nos dan su bendición y nosotros les deseamos el bien, pero casi  todo carboneros se ponen su número de cédula, lo que ellos quieran, para en caso de una tragedia la familia pueda identificarnos”, relata.

El interior de un pozo registra una temperatura de 30 grados centígrados o más, y para poder ingresar es necesario que se mida el nivel del gas metano que deberá estar a un máximo de 1.5, pues si supera este rango se deben suspender las labores; explica el  ingeniero Jesús Eduardo Rodríguez Flores, supervisor de seguridad.

Egresado de la Escuela de Ingeniería en Minas –institución actualmente desaparecida-, el joven profesionista de tan sólo 28 años de edad termina bajo el mismo riesgo que un minero y con un sueldo un poco mayor que éste, incluso en algunos casos menor que el de un trabajador que cobra por tonelada de carbón.

A las 7 de la mañana comienza la jornada, el minero toma su casco, casi ninguno se protege de inhalar el polvo, bajan en un tambo amarrado de una cuerda, ponen sus pies sobre él y bajan por un espacio angosto hasta 70 metros de profundidad, para llegar a tiros de 1.20 metros de altura que recorrerán para extraer el carbón.

“No sabemos otro trabajo más que este, sacar carbón, mi abuelo había trabajado en esto y siempre me decía que abajo es muy peligroso, nunca se sabe que va a pasar, me dice que tenga mucho cuidado, porque nunca se sabe cuándo va a suceder una tragedia”, platica Jesús Alberto Orguin Ortiz , trabajador de un pozo de tiro vertical luego de terminar una jornada de 9 horas.

Aquellos mineros que trabajan con un sueldo fijo al exterior de las minas, reciben de 800 a 1000 pesos por semana, pero aquellos que reciben el pago por tonelada apenas obtienen 300 pesos más en el mismo lapso, ya que su ganancia depende del esfuerzo y horas que le dediquen para extraer el mineral.

“Mi familia ya está consciente porque han pasado muchas tragedias, nomás me dicen que me cuide, nosotros también estamos conscientes de lo que va a pasar, estamos preparados ya. Por eso les decimos a los chamacos que estudien para que no estén sufriendo como nosotros para llevar comida a la casa”, reflexiona Reynaldo Pérez.

Los coyotes y las cuotas de sangre

La actual legislación, la burocracia y la entrega de concesiones a empresarios que han monopolizado el mercado del carbón, han impedido que se mejoren las  condiciones de vida de un minero y sus familias, pues los permisos que se otorgan por parte de la Dirección General de Minas y los operativos realizados han resultado insuficientes para evitar las tragedias, que no han cesado.

El pasado mes de junio, se evidenció el “jugoso” y millonario negocio que le dejó ganancias superiores a los 86 millones de pesos, al diputado federal panista Jesús Ramírez Rangel producto de las comisiones que cobró por su labor de “coyotaje” en la venta de carbón, en beneficio de 87 productores de Prodemi entre los que se encuentran los hermanos Armando y José Luis Guadiana, Fernando Mendoza, Urbano Rojas y Alejandro Guerra.

Estos  empresarios tienen en conjunto el monopolio de aproximadamente el 70 por ciento de los contratos de venta a la CFE, pues
solamente los Guadiana obtienen el 40 por ciento, es decir, la venta de un millón 320 mil toneladas al año de las 3.3 millones de toneladas que se venden a través de la Promotora de Desarrollo Minero (PRODEMI).

El legislador ofreció representar a productores de carbón cabildeando un mejor precio para venderlo más caro a la CFE, y él poder cobrar millonarios honorarios, comisiones y primas.

Tan sólo de noviembre del 2007 a agosto del 2010, el “negocio” de representación de Ramírez Rangel, operado a su nombre y a través de la empresa “Blackstone Lobbying” cobró cheques por un monto total de 45 millones 175 mil 077 pesos, según revelan documentos que publicados en junio pasado.

Producto de las triangulaciones del diputado y su empresa, con sede en la colonia Anzures de la ciudad de México, obtuvo otros 41 millones registrados a través del pago de honorarios y primas, los habría cobrado por la labor de “coyotaje” entre agosto del 2010 y el primer semestre de este año.

La labor de Ramírez Rangel según los contratos, era: “…prestar servicios profesionales de asesoría y cabildeo ante las dependencias del Gobierno Federal que estén facultadas para revisar, y en su caso reconsiderar el precio por tonelada de carbón, mediante el cual la CFE compra a los productores de dicho mineral en el estado de Coahuila”.

En los últimos meses, el propio diputado ha exigido se transparente el  fondo minero, con el objetivo, según declara en entrevistas,  de mejorar las condiciones de los trabajadores; sin embargo, en su labor como intermediario ni un solo peso llego a manos de los obreros, quienes pese a este aumento de compra que se logró, permanecen laborando en centros inseguros y con sueldos miserables.

Aunque aumento el pago de compra a los productores, éstos no incrementaron el salario de los mineros quienes siguen recibiendo un pago miserable por extracción de tonelada, solo 45 pesos de los 835 pesos a la que se vende, lo cual se constató a través de un sondeo realizado a obreros de la región.

Minas de Coahuila, Un siglo de muerte

El recuento de obreros en Coahuila que fallecieron por omisión de los patrones alcanza en el último siglo mil 403 vidas humanas, considerando sólo aquellas cuya  causa fue una explosión por la acumulación de gas grisú, lo que equivale a 12 muertes por año en la actividad minera, pero al hablar de inundaciones y derrumbes, cifra de las que ningún historiador tiene registro, el número de decesos se multiplica.

A lo largo de la historia sólo  65 trabajadores quedaron sepultados al interior de Pasta de Conchos, una mina que ante la negativa de las autoridades por el rescate de sus restos, se convirtió en su tumba permanente.

Los registros desde 1889, año que registró la primera tragedia, revelan que la explosión ocurrida aquél sábado 19 de febrero del 2006 en San Juan de Sabinas no fue la de mayor número de muertos, pero sí la de mayor impacto, pues su manejo mediático derivado de la postura de autoridades atrajo los ojos del mundo, además de que es el único caso en el que no se ha logrado el rescate de los cuerpos.

Datos oficiales establecen que en Coahuila son 5 mil los hombres que diariamente bajan hasta las profundidades de la tierra para extraer carbón, distribuidos en las 252 minas existentes en la Región Carbonífera a través de excavaciones de hasta 70 metros de profundidad, y tiros de una altura de un metro 20 de donde se extrae el carbón, bajo el riesgo siempre latente de no salir.

Sólo en el Estado se producen al año, 15 millones de toneladas de carbón mineral, pues Coahuila alberga el 90 por ciento de las minas de Carbón del país, la gran parte de ellas, sin las adecuadas medidas de seguridad para sus trabajadores.

Bajo estas condiciones, miles de hombres de entre 18 y 60 años de edad arriesgan diariamente su vida, esperando no entrar a la larga lista de muertos que cada año se incrementa a razón de que las acciones emprendidas por las autoridades resultan insuficientes para ofrecer un espacio laboral seguro, pues la inminente necesidad de empleo los obliga a entrar a un estado de conformidad con el único objetivo de llevar alimento a sus hogares.

El vaho del diablo, un tema de impuestos

Para el historiador y diputado local Ramiro Flores Morales, el mayor porcentaje de accidentes mineros son causa de la acumulación del gas grisú, por lo que exige se elimine el impuesto que impide su tratamiento y por lo tanto el cese a las tragedias.

La falta de los sistemas de seguridad sigue provocando pérdidas humanas y alentando al vaho del diablo, como le llama el legislador a este gas de la muerte.

Al primer trimestre del año, los  diputados federales coahuilenses, establecieron el compromiso de lograr que se establezca una tasa cero en el impuesto por la extracción del gas grisú de las minas de carbón, pero la iniciativa no ha prosperado.

Ramiro Flores, explicó que hasta el momento se han planteado dos iniciativas con ese propósito, donde el resultado fue bajar del 50 al 40 por ciento la tasa de ese impuesto, aunque la tasa cero en ese gravamen es el principal objetivo.

Dichas iniciativas consisten en darles incentivos a los empresarios para que puedan extraer el gas, con ello disminuir el riesgo de explosiones, además que se puede comercializar ese combustible.

“Cuando en 1884  inició la explotación de la hulla, los trabajadores de estos activos y alegres pueblos, nunca imaginaron la tremenda fuerza explosiva que ocultaban los mantos del carbón. En ese momento los mineros desconocían la fuerza destructiva de ´eso´ que ellos inhalaban y que a veces les provocaba sueño y desmayos”, comenta.

El legislador criticó que  las instancias responsables de otorgar los permisos y contratos de minas, no tengan una regulación adecuada, lo que dijo, contribuye a que continúe la explotación de los mineros con la operación de coyotes y negociaciones que en nada benefician al trabajador.

“Los productores sólo buscan que el minero saque el carbón y si no hay un coyote de por medio, pues muchas veces lo pasa a otra persona con lo que se pierde la posibilidad de que puedan mejorar el pago al obrero, es la misma historia minera que ha permanecido por años”, expuso.

Claves

*El promedio de vida de un minero por enfermedad es de 50 años

*Desde el inicio del aprovechamiento del carbón han ocurrido 49 explosiones que han cobrado mil 403 vidas humanas tan solo en los atribuidos al gas metano.

*En promedio mueren en la región 15 trabajadores por accidentes en minas.

*Coahuila es el segundo productor minero más importante del país y el principal en la producción del carbón.

*Coahuila produce 15 millones de toneladas anuales y vende 3.3  a través de la Prodemi, de los cuales el mayor porcentaje, el 40 por ciento de otorgan a los José Luis y Armando Guadiana Tijerina, propietarios de la empresa Minsa.

Muertes en explosiones
ocasionadas por acumulación de gas grisú

Saldo Negro a la fecha=1,403 muertes

*No incluye derrumbes, inundaciones y otro tipo de accidentes.

*Fuente: Recopilación del  Historiador Ramiro Flores Morales, libro “El Hondo: Una cuenta pendiente”

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