Astor LedezmaPor Astor Ledezma

 “A los jóvenes es muy fácil convencerlos cuando se pone por delante un ideal” dijo alguna vez Elena Garro al referirse al conflicto del 68. La idea continúa vigente, y la “lealtad a la patria” es el principio que aseguran defender los jóvenes –y los no tanto- al salir a la calle y manifestarse en contra de la ley del servicio profesional docente.

Los maestros que se presumen como afectados manifiestan su enojo de la manera tradicional: bloqueos, cierre de calles, toma de autopistas. Sus acciones, realizadas con el fin de presionar a los diputados –que ni se inmutan- han representado una pérdida económica para cientos de empresarios que tienen sus negocios en aquellas calles que paralizan. De paso miles de niños ven afectado su derecho a la educación.

Se quejan de las malas condiciones en las que trabajan, como si fuesen la excusa para justificar el mal desempeño en materia educativa. Exigen mejores salarios sin comprometerse a mejorar su desempeño laboral.

Si se lee de manera íntegra, la ley no incluye arbitrariedades que pongan en riesgo la figura del docente. Que se indignen aquellos que no desean perder privilegios, cumplir con su horario de trabajo o dejar de tramitar un sinfín de incapacidades por los motivos más absurdos.

La policía capitalina, en su afán de mostrarse respetuosa hacia aquellos que se manifiestan, ha ignorado la serie de atropellos que dicha expresión ocasiona al resto de los ciudadanos. Se protegen los derechos de unos a costa de los derechos de los demás.

Los maestros deben regresar a las aulas, continuar  sus labores, demostrar que son la clave para el desarrollo de la educación y así, cuando los resultados sean evidentes, exigir las condiciones que tanto claman.

La respuesta no está en el cierre de avenidas. No se logra nada bloqueando las calles, sobre todo cuando se hace repudiando una ley que ya fue aprobada.

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