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Por Salvador Hernández Vélez

Recientemente en la Universidad Autónoma de la Laguna en Torreón, Coahuila, realizaron la segunda reunión de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL) región México. En ella tuve la oportunidad de participar en la mesa “Desafío de la calidad, la regulación y la autonomía universitaria”. Los temas abordados fueron diversos. Sin embargo varios ponentes mostraron su preocupación por la postura que han sostenido los representantes de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en los últimos años: la educación superior es una mercancía ¿En qué repercute esta posición neoliberal con respecto a la autonomía universitaria?

Desde el 2008 en el marco de las reuniones de la UNESCO se han manifestado las preocupaciones en torno al debate de los globalizadores de que hay que definir si la educación superior es un bien de consumo o un bien público. En este sentido, la autonomía de las universidades públicas plasmada en nuestra Constitución Mexicana desde 1980 es un obstáculo para quienes sostienen que la autonomía es un artículo de consumo. Lo preocupante, manifestaron varios ponentes, es que hay una corriente desde las instancias de decisión de la política educativa que impulsan la creación de instituciones de educación superior basadas exclusivamente en la calidad de la educación haciendo a un lado la responsabilidad social y la facultad de gobernarse por ellas mismas.

Se mencionó el caso ecuatoriano, donde el estado con la última Reforma Educativa regula todos los aspectos de la vida de las universidades. En el caso de las universidades tecnológicas y politécnicas de México se exige de parte del gobierno que generen el 50 por ciento de su presupuesto. También se habló que en los siguientes seis años nueve universidades públicas del país entrarán en quiebra técnica por sus fondos de pensiones. El ejemplo más patético en la actualidad es la Universidad Autónoma de Zacatecas, que ya se declaró en quiebra técnica y su rector incluso presentó su renuncia.

En este sentido el tema del financiamiento está ya manifestando sus efectos sobre la autonomía, y ello sin duda repercutirá en la calidad de la educación superior. Varios de los representantes ahí reunidos manifestaron que se percibe una estrategia desde las instancias educativas para reducir la autonomía de las universidades. Pero también se reconoció que las universidades no sólo deben ser de docencia, sino que deben generar conocimiento, que hay que cumplir las otras tareas sustantivas de las universidades, esto es las de investigación, de difusión de la cultura y de extensión.

Sobre esta problemática la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) en su documento “Inclusión con responsabilidad social” nos dice que la autonomía universitaria es un logro que ha permitido a las instituciones la libertad de cátedra, la designación de sus propias autoridades y la libre administración de su patrimonio. Así éstas, para cumplircon sus funciones sustantivas, se otorgan sus propias normas de gobierno y reglas de funcionamiento para la aplicación de los recursos. Que en algunas ocasiones se ha malinterpretado la autonomía universitaria como la independencia plena de los fines del Estado, con el argumento del riesgo de la subordinación de la academia a los intereses del poder político. Sin embargo, si bien la autonomía es un requisito de libertad de cátedra, ésta no debe entenderse como un poder patrimonialista independiente en la dinámica de la sociedad, lo que implicaría la irresponsabilidad ética frente a las problemáticas para lograr el desarrollo integral. Es decir, debe existir una relación de complementariedad entre el Estado y las IES sin vulnerar sus propios ámbitos de trabajo y operatividad, lo que implica el fortalecimiento de la misma autonomía, pero sin el riesgo de la anarquía o la autarquía.

En el documento de la ANUIES en otra parte se expone que se requiere en el contexto de la globalización de un nuevo marco normativo para garantizar los estándares de calidad y homologar competencias, pero también para ello es necesario que las instituciones de educación superior tengan certidumbre en las reglas de asignación de los recursos y las políticas a largo plazo para su planeación y crecimiento para así fortalecer la autonomía universitaria.

Salvador Hernández Vélez

jshv0851@gmail.com

 

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