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Fiscalía de NL cita a declarar a ex gobernador Rodrigo Medina

Tan solo en los contratos de obra pública el desfalco es superior a los seis mil millones de pesos, advierte el fiscal anticorrupción; se suman las irregularidades en otras concesiones y adquisiciones.

Con información de Animal Político

 Una auditoría selectiva practicada por la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León  a ocho mil contratos de obra pública otorgados durante la administración de Rodrigo Medina arrojó múltiples irregularidades, desde la concesión de obras a empresas con sobreprecios, hasta la simulación de competencias en licitaciones con previos acuerdos para repartir los contratos en distintas compañías.

En esta maquinación, que las autoridades estiman generó un desfalco de por lo menos seis mil millones de pesos a las arcas públicas, estarían involucrados diversos  funcionarios y ex funcionarios de todos los nivelas de la entidad incluyendo al propio ex gobernador Rodrigo Medina quien será citado a declarar en las próximas semanas ante el Ministerio Público.

“Hubo trampas y se distorsionaron totalmente los procesos de licitación” dijo en entrevista con Animal Político el Fiscal Anticorrupción de Nuevo León Ernesto Canales, al dar un balance de los tres primeros meses de trabajo de la Fiscalía que encabeza, creada en diciembre de 2015 luego del cambio de gobierno.

Aunque son indagatorias que  requieren de secrecía para no entorpecer el trabajo, Canales adelantó que tan solo en la etapa de transición en el cambio de gobierno se detectaron un centenar de distintas anomalías en la revisión de documentos, que ya dieron paso a la apertura de más de 20 averiguaciones previas en curso.

Hasta ahora, ya han declarado poco más de 30 exfuncionarios de la administración pasada y serán citados más, incluyendo al propio Medina.

En estas investigaciones, destacó el fiscal, han sido clave una serie de“informadores” sobretodo del sector privado, por ejemplo contratistas, que a cambio de no resultar afectados por las irregularidades en las que participaron, han proporcionado datos clave que han acelerado las indagatorias.

“Ofrecemos el perdón total para quien haya participado en un acto de corrupción  y esté dispuesto a cooperar, ofrecemos el anonimato y confidencialidad (…) Estamos contando con datos que nos hubiera tomado mucho tiempo llegar a ellos proveídos por particulares” dijo el fiscal.

Mega engaño

De acuerdo con Canales, en la administración de Rodrigo Medina se concedieron ocho mil contratos solo por conceptos de obra pública relacionados con obras de infraestructura en las ciudades sin contar los de educación, o los de salud, o los de carreteras por citar algunos ejemplos. El monto de dichos contratos supera los 40 mil millones de pesos.

Por ello se decidió realizar una “auditoria selectiva” sobre varios de esos contratos, con el objetivo de corroborar la forma en que se concedieron los mismos. Se confirmaron irregularidades en por lo menos el quince por ciento del total de los contratos revisados. Los recursos comprometidos por estas irregularidades, superan los seis mil millones.

Lo que arrojaron las investigaciones, reveló el fiscal, es que fueron en realidad “procesos dirigidos”, es decir, que se simularon las licitaciones y la competencia para otorgar los contratos en detrimento de los recursos públicos del estado.

Las anomalías halladas se pueden dividir en dos temas. Primero el sobreprecio con el cual se contrataron varios conceptos en comparación con los precios de mercado, lo que evidencia que no se buscaron nunca las mejores ofertas para la entidad.

“El precio contratado en general es por encima del precio de marcado, en porcentajes importantes que van del 15 al 50 por ciento.  En un volumen de una obra de 40 mil millones de pesos  estamos hablando de un desfalco con mucho dinero” dijo el fiscal.

El segundo tema en cuanto a las irregularidades fue el descubrimiento del engaño en los procesos de licitación. Las investigaciones permiten presumir que el gobierno de Medina acordó la repartición de contratos a un grupo de empresas de forma discrecional, aprovechando en control sobre la lista de proveedores autorizados. Esto es literalmente un engaño.

“Quienes se presentaban a las licitaciones se veía un acuerdo previo en el precio con el cual participaban y se rotaban las ganadores usualmente de manera que se puede concluir que había acuerdos de que tu ganas estas y el gana la siguiente y así de manera que se distorsionaba totalmente el proceso de licitación.

El acuerdo, indagan los fiscales, podría incluir errores deliberados en las presentaciones de las propuestas, como una fecha equivocada que diera cualquier argumento al Estado para descalificar propuestas y así dirigir el proceso.

Algunas personas vinculadas con estas anomalías ya han rendido declaración ante la Fiscalía Anticorrupción de la entidad, por lo que los investigadores trabajan en conjuntar la documentación necesaria para proceder.

Concesiones y compras sospechosas

Las irregularidades que tiene bajo la lupa la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León van más allá de los contratos de obra pública. También se están revisando varias de las concesiones y otras operaciones  que hizo la administración de Medina con particulares en los últimos años, y en donde están involucrados recursos públicos.

Uno de ellos es el de los terrenos y demás servicios que comprometió l gobierno de Nuevo León con la automotriz surcoreana KIA, para la construcción de su planta en el municipio de Pesquería. Los acuerdos con la empresa privada incluyeron exentarla del pago de impuestos por prácticamente dos décadas.

De acuerdo con la revisión que ha hecho hasta ahora la Fiscalía, la administración de Medina concedió un paquete de beneficios a la empresa privada por arriba de los tres mil millones de pesos, que podría representar un daño posterior a las finanzas públicas.

Canales explicó que se está revisando de forma minuciosa todas las fases del proyecto, desde la concesión del mismo terreo, a quien se le compró y porque se seleccionó este precisamente, y como segundo paso las inversiones que se realizaron para adaptarlo, pues se prevé que solo esto requirió una inversión de más de mil 200 millones.

“Y una tercera parte de ese caso es esas concesiones que dio el estado para ver si son válidas, si existían facultades para comprometer impuestos por 20 añospor ejemplo. Es todo otro tema, la validez de la actuación del estado en el otorgamiento de estos beneficios” dijo el fiscal.

Otro caso que está bajo la lupa  es de la adquisición de un grupo de terrenos en el Ejido de Medina que al parecer pasaron a manos de la familia del ex gobernador, luego de que los ejidatarios fueron engañados para que vendieran sus terrenos. Se trata de más de dos mil 400 hectáreas.

El caso se detonó por la denuncia de una de las ejidatarias, María de los Ángeles Padilla, quien dijo que  los familiares de Medina se hicieron pasar como residentesde la comunidad para adquirir los ejidos, aunque nunca han vivido ahí.

“Se hicieron pasar por vecinos del lugar lo que es una falsedad y en un ejido que tiene una importancia debido  a una decisión e gobierno se ve comprometido de esta forma. Es algo que estamos revisando” dijo el titular de la fiscalía.

Declaración en puerta

La Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León citará a declarar en las próximas semanas al exgobernador Rodrigo Medina, con motivo de las averiguaciones que se encuentran en integración por las presuntas irregularidades en contratos, concesiones y otras operaciones.

El fiscal Ernesto Canales señaló que si bien, no hay en estos momentos elementos para proceder penalmente en contra de Medina, si hay indicios y asuntos en los que posiblemente se encuentre involucrado por lo que su declaración es necesaria.

Los que ya rindieron declaración ante el Ministerio Público son aproximadamente 30 exservidores públicos de la administración pasada, y su situación se definirá a partir de las pruebas que termine de reunir la Fiscalía.

Canales recordó que en cada caso se debe definir exactamente el tipo de responsabilidad en que incurrieron los servidores públicos, pues aunque no todos hayan cometido un delito, también hay faltas administrativas que podrían derivar en sanciones como multas económicas, inhabilitaciones o suspensiones para ocupar de nuevo un cargo.

En todo este trabajo de investigación, subrayó el fiscal, hay un equipo de aproximadamente 40 personas entre agentes ministeriales y policías de investigación y se espera que para mayo, se incremente por lo menos a cien personas más.

¿Cuándo llegarán los resultados de estas investigaciones? Ernesto Canales dijo que aunque no se pueden fijar plazos pues hay que construir casos sustentados, si adelantó que este mismo año habrá resultados contundentes, sobretodo ante el cúmulo de irregularidades que ya se han descubierto.

“Ahorita lo que tenemos que mostrar es que todo esto es una realidad, que estamos investigando casos concretos. Las denuncias siguen llegando y continuaremos citando a quien sea necesario” dijo Canales.

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