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En Coahuila, nueva Ley de la Administración Pública

GOBIERNO ABIERTO

POR VICTOR S. PEÑA

El pasado martes, el Congreso del Estado aprobó una nueva Ley Orgánica para la Administración Pública en Coahuila. Al respecto, algunos comentarios.

Primero, es interesantela sección “Antecedentes”, previa a la “Exposición de Motivos”. Básicamente, se refiere la legitimidad electoral con la que iniciará, el primer día de diciembre, la próxima administración. Habla también del origen de la iniciativa –el próximo Gobernador y su equipo de transición-: la administración que termina, tan solo fue un vehículo. Pudiendo optar por una “iniciativa ciudadana”, el próximo Gobierno prefirió seguir el cauce orgánico.

Segundo. Hay una innovación interesante: la creación del “Consejo de Estado”, una especie de Asamblea integrada por el Gabinete para deliberar y emitir votos sobre los asuntos que el ejecutivo estime de importancia y trascendencia para el desarrollo del Estado. Serán reuniones de alto nivel e importancia… salvo que las prisas y una mala organización, ganen y se caiga en la simulación. Para entender la preocupación, búsquese algunos antecedentes: actualmente hay organismos –los institutos de la mujer, los jóvenes y los adultos mayores, por ejemplo- cuyo órgano superior es un Consejo Directivo. ¿Qué sucedía? A las pocas reuniones convocadas, asistían suplentes, se decidía poco y no había seguimiento.

Tercero: En la “Exposición de Motivos”, es establecen los principios que conforman la visión del próximo gobierno: “protección de los derechos humanos, la transparencia, la equidad de género, la promoción de la participación ciudadana, la eficiencia en el ejercicio del gasto público y la puntual rendición de cuentas”. De los seis, al menos la mitad son del mismo grupo: la transparencia, la eficiencia en el gasto, la rendición de cuentas. La reiteración de estos conceptos se presenta en la siguiente manera: transparencia puede leerse 11 veces a lo largo de la iniciativa, al igual que rendición de cuentas; eficiencia, 10 veces.

De alguna manera habrán de conciliarse estos principios de la visión con los principios a los que se ajustará, dice el artículo 8 de la Ley, la planeación y ejecución de las políticas públicas: relevancia y pertinencia, respeto a los derechos humanos, identificación de la sociedad con el orden jurídico, la disminución de la marginación, la competitividad, el cuidado del medio ambiente y otros.

Cuarto. Se crean tres Secretarías: la de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial, la de Cultura y la del Trabajo. Aquí la idoneidad del perfil de quienes las encabecen será determinante. Recuérdese, por ejemplo, el caso de la Secretaría de Turismo donde la opinión generalizada parece coincidir en que fue de más a menos.

Quinto, hay candados en los requisitos para el puesto de la Secretaría de Desarrollo Social: no haber ocupado un cargo de elección popular en los diez años anteriores a la fecha de su designación y deberá retirarse de su encomienda dos años antes del día en que iniciaría el ejercicio del cargo al que aspire. Aquí, además, habría mucho trabajo para hacer en la evaluación de la política pública social estatal: al tiempo veremos cómo se podría avanzar en esto.

Hay, por supuesto, otros aspectos por destacar. La gran incógnita sigue siendo la misma: ¿cómo hacer para que las buenas intenciones e ideas no sean letra muerta? Por supuesto que parte del asunto está en la voluntad de quienes gobiernan… pero la otra, en la participación de los gobernados.

@victorspena

www.victorspena.com

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