El 82% de los periodistas y defensores, víctimas de actos de intimidación

• El Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, A.C. (CASEDE) publica el Informe 2018, Avances y tareas pendientes para el fortalecimiento de la libertad de expresión en México.

POR CHRISTYAN ESTRADA

UNIMEDIOS/ CIUDAD DE MÉXICO. 22 de enero de 2019.- A lo largo de su carrera, el 82 % de los periodistas y personas defensoras de los derechos humanos han sido intimidados por hacer su trabajo, así lo revela la primera encuesta sobre “Seguridad y Ejercicio de la Libertad de Expresión en México” que además recaba evidencia de violencia y acceso a la justicia para dicho grupo de la población.

“Nuestros derechos humanos son violados a diario y no tenemos garantías para hacer nuestro trabajo” señala uno de los periodistas entrevistados cuyas identidades fueron protegidas mediante el encriptado de datos.

Los detalles de la encuesta se presentan en el Informe sobre Libertad de Expresión 2018 “Avances y tareas pendientes para el fortalecimiento de la Libertad de Expresión en México” realizado por el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE).

El informe está basado en una investigación que contiene 34 solicitudes de información y en una encuesta aplicada a 220 periodistas y defensores de los derechos humanos de 20 estados del país, donde del total de los periodistas encuestados un 77 % reveló haber sido acosado, un 65 % sufrió amenazas, mientras que un 34 % padeció violencia física y 29 % afirmó haber sido privado ilegalmente de su libertad.

“Actualmente creo que estamos en una situación caótica, estamos en un momento muy difícil donde todos somos vulnerables y las mujeres somos un blanco más fácil”, reveló otra de las periodistas encuestadas.

Los periodistas también señalaron que los contenidos más censurados están relacionados con temas servidores públicos, políticos, personajes privados, el gobierno y el crimen organizado, siendo estos dos últimos los actores que obstaculizan con mayor frecuencia la defensa de los derechos humanos.

Tras los resultados obtenidos en la encuesta, el documento precisa que es necesario la creación de un mapa de riesgo para fortalecer el contexto de trabajo de los periodistas y defensores de los derechos humanos, luego de que ambos grupos perciben que se encuentran en mayor riesgo que el resto de la población por ejercer su profesión.

Así mismo, se destaca que se requiere condenar públicamente los crímenes contra dichos grupos debido a la importante labor que prestan a la democracia mexicana, por lo que para su protección se necesita fortalecer los recursos- materiales y humanos- para realizar un análisis de riesgo oportuno y completo, así como ofrecer atención emocional y psicológica a las víctimas.

Finalmente el informe sostiene que las agresiones contra periodistas reportadas en el informe “también encuentran eco” en el número de quejas atendidas por año en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que del 2000 al 2017 integró 999 expedientes respecto a casos de comunicadores; de los cuales, 20 fueron documentadas como desapariciones forzadas.

México es uno de los países más mortíferos para periodistas y personas defensoras de derechos humanos. La atmósfera de intimidación, censura y riesgo donde estos operan está enmarcada en la severa crisis de seguridad pública y derechos humanos por la que atraviesa la nación, en los últimos doce años.

Desde entonces a diciembre de 2017, 89 periodistas fueron víctimas de homicidio y 20 se encuentran desaparecidos5. Cientos más han sido atacados y amenazados por ejercer su labor periodística. En el mismo periodo, 34 personas defensoras de derechos humanos fueron privadas de la vida —14 de éstas eran mujeres—, se desconoce el paradero de 4 más y un centenar fue víctima de campañas de desprestigio, calumnias y agresiones por cumplir con su labor profesional.

El nivel de riesgo que enfrentan tanto periodistas como personas defensoras de derechos humanos varía en función de su género, grupo étnico y entorno socioeconómico. Las personas perpetradoras son, comúnmente, autoridades, personajes políticos, fuerzas públicas de seguridad, criminales y grupos de interés. Desde 2010 sólo en el 0.4 por ciento de los casos se ha logrado ejercer acción penal en contra de las personas que resulten presuntas responsables de agresiones contra periodistas.

Informe Libertad de Expresión 2018 by Unimedios noticias