POR REDACCIÓN
UNIMEDIOS/ SALTILLO, COAHUILA.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) acreditaron que el proyecto de obra para construir un Centro Integral de Manejo de Residuos Integrales (CIMARI), en el estado de Coahuila, cumple con lo establecido por la normatividad ambiental vigente. 
Así lo confirman dictámenes realizados por separado de ambas dependencias federales donde se concluye que la construcción del nuevo confinamiento controlado de residuos peligrosos previamente estabilizados, en el municipio de General Cepeda, cuenta con las autorizaciones de ley y se ubicará en zona geológica adecuada para esa clase de obras.
Dichos estudios técnicos fueron instruidos por el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán, a demanda pública que hicieron representantes de 7 comunidades ejidales aledañas al predio La Sabina (sitio donde se realizará el proyecto), en el marco de una reciente gira de trabajo que realizó el funcionario por el estado de Coahuila.
El acuerdo del titular de la SEMARNAT tuvo lugar en la ciudad de Saltillo, Coahuila, el pasado día 21 de septiembre con, representantes de los ejidos Noria de la Sabina (sitio de ubicación del CIMARI); Piedra Blanca; Rincón Colorado; Tanque San Vicente; San Antonio del Jaral; Jalpa; y La Rosa, este último cabecera municipal de General Cepeda.
Los respectivos estudios de la PROFEPA y CONAGUA se practicaron la semana pasada y comprendieron una visita de campo al predio rústico La Sabina, lugar donde se realiza el denominado proyecto “Construcción del Sitio para el Reciclaje, Tratamiento y Confinamiento Controlado de Residuos Peligrosos Previamente Estabilizados”.
La visita de inspección que realizó la PROFEPA confirmó que las actividades iniciales de la obra, están de acuerdo con lo establecido en el Oficio Resolutivo No. SGPA-UARN/0389/COAH/2015, de fecha de marzo del 2015, emitido por la Subdelegación de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos Naturales de la SEMARNAT.
Asimismo, se comprobó que cuenta la Autorización de Manifiesto de Impacto Ambiental oficio número S.G.P.A./DGIRA/DG/06159 que permite la construcción, instalación y operación de un sitio para el reciclaje, tratamiento y confinamiento controlado de residuos peligrosos previamente estabilizados, con una capacidad instalada de tratamiento de 40,253 toneladas anuales.
La visita técnica (tercera en total que realiza esta Procuraduría a dicho proyecto) al predio rústico La Sabina, estuvo a cargo de funcionarios de la Dirección General de Inspección de Fuentes de Contaminación de la PROFEPA, así como de inspectores de la Delegación Federal de esta dependencia en el estado de Coahuila.
Por su parte, la CONAGUA concluyó que el sitio del proyecto para el CIMARI en terrenos aledaños al ejido Noria de la Sabina: No se encuentra en terrenos sujetos a inundación; No está cercano a corrientes de aguas permanentes; y la zona es de escasa precipitación aunque sujeta a tormentas.
Para darle respuesta a este último apartado, el dictamen de la comisión indica que el proyecto de obra contempla la edificación o construcción de un “BORDO CONTROL DE AGUAS PLUVIALES”, con el que se desviarían los escurrimientos hacia el oriente y poniente de las celdas de confinamiento para que no se “inunden” las instalaciones del CIMARI.
CONAGUA enfatiza que el confinamiento se encuentra en un área geológicamente de baja permeabilidad y con poca probabilidad de que un eventual flujo pluvial rebase el “potrero”. Sin embargo, vigilará que la obra cumpla con lo establecido por las normas oficiales mexicanas para sitios de confinamiento de residuos, con relación a los escurrimientos pluviales.
El nuevo CIMARI será el tercero en su género en el país y estará construido en el ejido Noria de la Sabina, municipio de General Cepeda, Coahuila ocupará una superficie total de 500 hectáreas incluida un área de amortiguamiento que se construye por la empresa denominada Sociedad Ecológica Mexicana del Norte S.A. De C.V.
El propósito y objetivo de dicho proyecto es contribuir en el desarrollo de infraestructura, necesaria y requerida, para garantizar el cumplimiento de las normas y la legislación ambiental de México en materia de residuos peligrosos, con el uso y desarrollo de las más alta tecnología y la sustentabilidad en los procesos de su adecuado manejo, concluye el oficio.