POR JESSICA ROSALES

UNIMEDIOS/ SALTILLO, COAHUILA.- Argumentando que las reformas aprobadas en Coahuila en agosto del 2012 para aumentar de 45 a 60 años de prisión la pena por el delito de secuestro no tuvo tiempo de aplicarse, los diputados locales manifestaron que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de invalidar la ley estatal no afectará los procesos actuales.Congreso de Coahuila

El Coordinador de la Comisión de Gobernación, Ricardo López Campos, rechazó que se trate de un error legislativo, pero aseguró que acatarán lo resuelto por la Corte, además de manifestar que ninguno de los procesos en Coahuila se realizó con la ley local.

“No es ningún error legislativo, déjeme decirle que la postura de Coahuila cuando aprobamos este delito es impactar a la federación como también lo pensaron otros estados, porque  estamos en una etapa de redefinición en el ámbito competencial, pero no hay inconveniente se respeta la resolución de la Suprema Corte”, señaló.

Añadió, “en Coahuila nuestros jueces no aplicaron la norma que nosotros aprobamos, estuvieron aplicado la norma federal, porque tenemos poquito de haberlo autorizado, no es necesario (rectificar) solamente queda sin efecto”.

Lo anterior, luego de que por mayoría de votos, los ministros de la SCJN ordenaron que los casos de los presos, acusados de trata de personas o secuestro, que fueron juzgados con base a las reformas estatales en Coahuila, Aguascalientes, Baja California Sur y Colima sean turnados a la PGR para que integre de nueva cuenta los expedientes, revocando sus sentencias.

“Declaramos la invalidez con efectos retroactivos de las normas que se impugnan y que debe precisarse que los procesos penales iniciados con fundamento en estas normas se encuentran viciados de origen”, expuso el ministro Sergio Valls.

Al respecto, el diputado del PAN, Edmundo Gómez Garza, dijo que se trata de un asunto penoso que exhibe la forma en que se desempeña el Congreso coahuilense, y manifestó que cuando se sometió a votación se abstuvo al considerar que no se analizó correctamente.

El legislador explicó que se trató de una propuesta planteada por el Ejecutivo estatal, “fueron de esas propuestas que no se analizaron, recuerdo incluso que abandone la sesión porque no se analizaron, se sometieron a votación y ahí están las consecuencias”, expresó.

Por su parte, el diputado del PANAL, Simón  Hiram Vargas, dijo desconocer la resolución de la Suprema Corte, aunque al explicarle el tema opinó que se debe defender la postura del Congreso estatal frente a la autoridad federal.

“Será un tema que tengamos que revisar en la Comisión de Gobernación al interior, tendremos que defender nuestra postura ya que somos respetuosos de las determinaciones de la Suprema Corte, pero también tenemos que señalarles a ellos, que no están ellos viviendo al día a día la situación que viven los ciudadanos coahuilenses”, dijo.