POR REDACCIÓN
UNIMEDIOS/SALTILLO, COAHUILA. 28 de julio de 2017.- Agentes del Ministerio Público solicitaron al Obispo de la Diócesis de Saltillo presentarse a comparecer en relación a la averiguación previa iniciada en 2014 sobre los sacerdotes pederastas.
José Raúl Vera López, obispo de la Diócesis de Saltillo recibió una notificación en su domicilio por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila (PGJE) con fecha del 25 de julio de 2017 para presentarse el día 27 de julio a las 11:00 horas, en las oficinas de la Dirección de Unidades de Investigación para que rindiera declaración testimonial por casos de abuso sexual contra menores por parte de sacerdotes y sobre los cuales la PGJE inició una averiguación en 2014 la cual incluye ya una declaración de nuestro Obispo.
Dicho citatorio está firmado por la Lic. Margarita Barrientos Rodríguez, Agente del Ministerio Público Adscrito a la Dirección de Unidades de Investigación.
Al respecto a través de un comunicado, la Diócesis de Saltillo destacó que no ha recibido ninguna acusación sobre delitos sexuales en contra de sus miembros.
Añadió que los procesos que esta diócesis llevó al Vaticano han concluido y los involucrados han quedado fuera del sacerdocio. Como lo dice la circular 2/2014 de esta diócesis: “Es doloroso hablar de violencia infantil, pero es aún más lamentable que mantengamos un silencio que pueda implicar más abusos”, destacó Vera López.
El pasado 27 de julio cuatro abogados acudieron a la hora y lugar señalado en la notificación recibida para, en representación de nuestro Obispo, conocer los motivos de la misma, ya que Monseñor Vera López se encontraba participando y acompañando a los fieles devotos en el inicio de las festividades del Santo Cristo de la Capilla en su Sede Episcopal.
«Una futura fecha para presentarse ante la autoridad será establecida a partir del día 7 de agosto, cuando las fiestas del Santo Cristo en Saltillo hayan concluido», explicaron.
Así mismo, destacaron que estas acciones del ministerio público se presentan en un contexto político y social que incluyen las incertidumbres y confusiones del pasado proceso electoral en el Estado de Coahuila, el incremento en el índice de la violencia en diferentes municipios, las represalias contra trabajadores mineros, el hallazgo de cuerpos con signos de tortura y sin duda, tanto el informe que de Coahuila se ofreció en la CPI, como el proceso electoral del próximo 2018.