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Los ‘testigos protegidos’ de Calderón

POR JESSICA ROSALES

  • El ex presidente de México reconoce el aporte de los testigos protegidos a conveniencia.

UNIMEDIOS/ SALTILLO, COAHUILA. 28 de marzo de 2017.- El ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, avaló el uso de testigos protegidos durante su gobierno al destacar que se trata de una figura legal; sin embargo, luego de las revelaciones de los mismos testigos que utilizó en su sexenio para encarcelar a ex funcionarios de Coahuila -quienes aseguran que el panista planeó una conspiración contra políticos de esta entidad-, el ex mandatario desestimó sus dichos.

Durante su visita a Coahuila en donde acompañó al candidato del PAN a la gubernatura, Guillermo Anaya Llamas, en su registro ante el Instituto Electoral local, el ex presidente se deslindó de las detenciones que se hicieron contra funcionarios estatales hace cinco años, mismos que al acreditar su inocencia fueron exonerados por jueces y magistrados, y atribuyó la responsabilidad a la Procuraduría General de la República, entonces a cargo de Marisela Morales.

Al cuestionarlo sobre el Coahuilazo, Calderón Hinojosa apresuró su paso y en ningún momento se detuvo para atender a la prensa; sin embargo,  respondió brevemente algunas preguntas en las que se contradijo, pues aunque en un inicio avaló al testigo protegido, en la parte que lo señalan a él como conspirador, desestimó sus declaraciones.

“Una figura perfectamente legal y necesaria para combatir al crimen organizado”, dijo en la primera parte de la entrevista.

Y es que Gerardo Hernández Sánchez identificado como el testigo colaborador “Sagitario” durante un careo con  Enrique Sánchez Zapata ex agente ministerial de Coahuila hoy exonerado por la autoridad judicial, manifestó haber sido torturado y amenazado en su integridad y la de su familia para declarar en contra de funcionarios estatales y firmar documentos ya elaborados previamente.

Así mismo, Carlos de la Barrera Vite, quien fue titular de la Fiscalía de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud -cuando Marisela Morales estuvo al frente de la entonces SIEDO-,  reveló que la ex Procuradora en el sexenio de Felipe Calderón, Marisela Morales Ibáñez, dio instrucciones de reclutar testigos protegidos para que implicaran con el narco a varios políticos de peso. Entre ellos, Andrés Manuel López Obrador y al propio Enrique Peña Nieto, así como al gobernador de Coahuila, Rubén Moreira y a su hermano e l ex gobernador de esa misma entidad Humberto Moreira.

Respecto a lo anterior Felipe Calderón se limitó a responder: “Es totalmente falso”

Y es que las declaraciones de testigos protegidos mediante las cuales la PGR -que entonces dirigía Marisela Morales-, basó una averiguación previa en 2012 para inculpar a funcionarios de Coahuila por delitos federales, se vinieron abajo.

Lo anterior,  luego de que narcotraficantes identificados como “Sagitario”, “Serpico” y “Pepillo”, revelaron que fueron obligados por el gobierno de Felipe Caderón mediante tortura física y psicológica a falsear testimonios para vincular a los servidores públicos con actividades de la delincuencia organizada, hechos sobre los que el ex presidente Felipe Calderón se negó a abordar durante su visita a esta entidad norteña.

 

En los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón (2000-2012), las autoridades mexicanas destinaron 178 millones 261 mil 493 pesos para cubrir “gastos relacionados con la protección de testigos colaboradores”; 251 hubo con Fox y 336 con Calderón, de acuerdo con un reporte de la PGR.

A los protegidos, hablamos de narcotraficantes, secuestradores o expolicías corruptos, se les denomina con un nombre ficticio y, en algunos casos, se les proporciona dinero para su manutención, arrendamiento, cuentan con custodia y pueden solicitar apoyo de la Policía Federal si sienten que su seguridad está en riesgo.

Durante varios sexenios cientos de presuntos delincuentes han servido como delatores al servicio de la autoridad ministerial que, ante la ineficiencia y falta de interés por realizar verdaderas investigaciones judiciales, se convierten en los pilares de un buen número de averiguaciones previas en la figura de testigos protegidos, con el fin de fabricar delitos vinculados con la delincuencia organizada.

A solicitud de la propia autoridad, narcotraficantes, secuestradores o expolicías corruptos reciben protección del Estado mexicano en un afán de obtener arraigos, cateos, órdenes de aprehensión y autos de formal prisión contra cualquier político, funcionario, empresario, activista o ciudadano que esté en la mira de algún fiscal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Víctimas del Coahuilazo hoy exonerados

Sergio Tobías Salas

Everardo Rosales Saucedo

Manuel Cícero

Julio César Ruiz Esquivel

Claudia González López

Humberto Torres Charles

 Juan Fermín Medina Torres

Cuahutémoc Rosales Galindo

Domingo González Favela

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