UNIMEDIOS/ NADIA BALLESTEROS.- A pesar del amparo que promovieron integrantes de la Asociación Claridad y Participación Ciudadana en contra del pago de la deuda adquirida ilegalmente para Coahuila, esto no tiene un efecto legal para el cumplimiento de la misma ante los bancos, ya que la respaldan decretos del poder legislativo.

Así lo consideró Heriberto Fuentes, Coordinador de Asuntos Jurídicos de la Secretaría  de Finanzas, quien dijo la resolución que se obtuvo por parte de un juez de distrito no es relevante para el cumplimiento del pago, pues dijo, no hay un efecto jurídico específico.

En días pasados, Pedro Salazar Picón, integrante de Claridad y Participación Ciudadana, informó que el Juez Primero de Distrito, José Daniel Noriega Ruiz falló a favor del amparo interpuesto por el asesor legal del organismo, Reyes Flores Hurtado en contra de la deuda  de Coahuila, permitiendo a los ciudadanos el derecho de ampararse en contra del “Moreirazo” y su reestructuración ilegal.

Sobre el tema, Heriberto Fuentes señaló que corresponde a la Consejería Jurídica del Estado ahondar en los detalles del caso, pues aunque manifestó que conoce el fallo, prefirió no especular al respecto, pues no tiene información si la instancia indicada ya fue notificada.

“En ese amparo la Secretaría de Finanzas no es parte, consecuentemente la información oficial tendría que ofrecerla la Consejería porque es un litigio y es importante”, explicó.

Añadió, “Sin embargo, pienso que no es relevante para el pago de la deuda, es decir no afecta el cumplimiento del pago de la deuda, no creo que haya porque no hay un efecto jurídico específico sobre la deuda”.

Insistió que el Estado está acatando los decretos emitidos por el Poder Legislativo y por lo tanto, consideró, el fallo del juez no tiene relevancia ni impacto en los compromisos establecidos con los bancos para el pago de la deuda adquirida, aún la ilegal.

El abogado explicó que en octubre de 2011 se interpuso mencionado amparo, para efectos de la deuda en Coahuila, con expediente 1125 / 2011 y detalló que si existió un retraso fue debido a que el Gobierno del Estado se negó a transparentar las cuentas públicas.

Expuso que la Constitución del Estado en el Artículo 17 hace mención que los pueden oponerse a las deudas ilegales en Coahuila y como es conocido la deuda  se contrajo con documentos falsos, abriendo una posibilidad real a los ciudadanos a oponerse a las acciones ilegales del Gobierno de Coahuila.

Además comentó que el Gobierno del Estado alude que el Artículo 17 no constituye un derecho fundamental ni en la Constitución Federal ni en la local, correspondiendo al Gobernador fundamentar el mismo Artículo y el alcance que tiene en la defensa de los ciudadanos.

Con imágenes de Raymundo Bazaldúa

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