En el tintero
Por Jessica Rosales
Mientras los aspirantes a diversos cargos de elección popular anticipan campañas y utilizan argucias para evadir o violentar la ley, el Instituto Electoral de Coahuila anda bastante despreocupado. ¡Claro! Porque la mirada está en los partidos políticos y no hay quién se ocupe de la ineficiencia y el gran dispendio económico que genera este organismo.
Hace un par de semanas, al hacer uso de su derecho a la información pública, un ciudadano solicitó al órgano electoral el desglose del presupuesto asignado al Partido Socialdemócrata Independiente y el informe de gastos que reporta. La respuesta del IEC fue inesperada.
“El Instituto Electoral es un organismo autónomo, no tenemos facultad de proporcionarle esta información”, expuso por escrito al solicitante la directora ejecutiva de Asuntos Jurídicos, Laura Patricia Ramírez, para evadir la respuesta al ciudadano.
La funcionaria electoral olvidó que, además de ser un organismo autónomo, el IEC es “público” y recibe recursos del erario, por lo tanto están obligados a rendir cuentas.
Este caso me generó una incógnita: ¿por qué el Instituto se niega a transparentar su gasto público y a informar en relación con el de los partidos políticos?
Inmediatamente consulté su portal de internet www.iec.org.mx en el apartado de transparencia para conocer la información mínima pública a la que lo obliga la ley. Entonces entendí a la perfección la actitud evasiva y de extrema opacidad del organismo.
Cada mes los coahuilenses pagamos un sueldo de casi un millón de pesos por los siete consejeros electorales, 132 mil 574 pesos para cada uno, un ingreso mayor al de un gobernador. Pero, además, el sueldo base es de 34 mil 803 pesos y la compensación de 97 mil 770 pesos, para evadir lo más posible las deducción de impuestos y el sueldo neto llegue bien jugoso.
En la creación de este órgano local se presumió con bombo y platillo que los siete consejeros y los titulares de las diferentes áreas se eligieron a través de un examen y una serie de evaluaciones para designar al mejor perfil. Algo salió mal, para mi gusto.
Queda claro que quienes dirigen este organismo abonan al compadrazgo y favores personales, porque en la nómina aparecen 48 empleados, ninguno de los cuales fue sometido a pruebas o evaluaciones como tanto se cacareó con los titulares, pero eso no impidió que accedieran a sueldos que alcanzan los 51 mil pesos mensuales.
De ellos, 22 son ejecutivos electorales y 23 son técnicos electorales. ¿Qué rayos es un técnico electoral?, me pregunté. ¿Reparan urnas?, ¿arreglan boletas? O ¿son responsables de dar mantenimiento al padrón electoral?
En Zacatecas el INE adoptó esta figura de técnico, no ejecutivo, para contratar a personal de apoyo durante la época electoral, pero el sueldo no superaba los 8 mil pesos al mes.
Al intentar despejar la duda, pregunté al organismo y su respuesta fue: “Son diferenciaciones dentro del organigrama, pero existen diferentes áreas con diferentes funciones”. Esto no me aclara qué función tiene cada uno de estos 48 empleados. Y conste que dentro de este número no estamos considerando a los auxiliares de tipo A, B y C.
Además, el Instituto realiza contrataciones “oscuras” de trabajos que nadie conoce: estudios de opinión pública, así como servicios de difusión con pagos que superan el millón de pesos a una sola empresa, con la cual se presume conflicto de intereses.
Sin duda, el Instituto trabaja a manos llenas, pero a manos llenas de dinero que derrocha y pretende que los ciudadanos no nos demos cuenta. Como dirían los laguneros: “¡ande no!”, mire usted que la consejera presidenta, Gabriela de León Farías, ha declarado que solicitarán un incremento de hasta 400% en su presupuesto para el año electoral. ¿No llenan?