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‘El coahuilazo’: la venganza de Calderón
  • Un asunto de revancha política acabó con la vida profesional y personal de un grupo de funcionarios, que, sin deberla ni temerla, pagaron por los caprichos de un expresidente.

POR REDACCIÓN

UNIMEDIOS/ SALTILLO, COAHUILA. 27 de abril de 2017.- Todo comenzó en Michoacán. Eran las 6 de la mañana del martes 26 de mayo de 2009 cuando fueron detenidos 38 funcionarios de ese estado, entre ellos 11 presidentes municipales del PRI, PRD y uno del PAN, además del procurador, la asesora del gobernador, el secretario de Seguridad Pública y un juez, todos acusados de delincuencia organizada.

El argumento de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) era que los altos funcionarios protegían a La Familia Michoacana. Un año 4 meses después, al acreditar su inocencia, todos fueron liberados y exonerados.

A pesar de la arbitrariedad de estas detenciones, la autora del llamado “michoacanazo”, Marisela Morales Ibáñez, fue nombrada por el entonces presidente  Felipe Calderón Hinojosa como titular de la Procuraduría General de la República, en lugar de Arturo Chávez Chávez el 31 de marzo de 2011, fecha en que dejó de estar a cargo de la SIEDO para acceder a un puesto mayor.

Las víctimas acreditaron que las detenciones se realizaron sin órdenes de localización ni aprehensión, y afirman que luego de asegurar su captura la SIEDO se ocupó de conseguir dichos documentos.

Fue durante el mandato del gobernador Leonel Godoy (2008-2011), del Partido de la Revolución Democrática (PRD), cuando ocurrieron estos hechos. Allá, en la tierra de los Calderón Hinojosa, cuando Felipe fungía como Presidente de la República.

Felipe Calderón nació en Morelia, Michoacán, el 18 de agosto de 1962, hijo de Luis Calderón Vega y Carmen Hinojosa Calderón. Tiene cuatro hermanos: Luis Gabriel, María del Carmen, Juan Luis -­quien fue diputado federal de la LV Legislatura- y Luisa María, diputada local, federal y dos veces senadora.

El apego familiar de los Calderón Hinojosa no sólo quedó en lo privado, su cercanía se llevó al ámbito público. “Cocoa”, como es conocida Luisa María Calderón, ansiaba ser gobernadora de su tierra, Felipe ya gobernaba el país, parecía el momento perfecto para lograr su objetivo.

En 2011 “Cocoa” inició su campaña postulada por la coalición PAN-Nueva Alianza, este último el partido creado bajo el cobijo de la maestra Elba Esther Gordillo, con quien Calderón pactó desde su campaña presidencial.

Luisa María se enfrentó políticamente a Fausto Vallejo Figueroa, del PRI, y a Silvano Aureoles Conejo, del PRD. Nueve meses atrás, antes de que los michoacanos tomaran la decisión, Coahuila entró al escenario político de aquel estado, pues Humberto Moreira Valdés se desempeñaba durante ese proceso como presidente nacional del partido tricolor.

El 4 de julio de ese año el PRI se llevó en los hombros una contundente victoria, con claras ventajas en los cuatro estados en que hubo elecciones. Tres gubernaturas: Nayarit, Estado de México, y Coahuila; y 44 municipios de Hidalgo frente a 16 que ganó el PAN.

En Edomex Eruviel Ávila logró el mayor número de votos en la historia; en Coahuila Rubén Moreira (hermano del líder nacional del PRI) consiguió 21 puntos de ventaja sobre el aspirante del PAN, Guillermo Anaya, y en Nayarit se registró la elección más cerrada: el candidato priista sólo sacó 13 puntos de ventaja sobre el segundo lugar.

Cuatro meses después, el domingo 13 de noviembre, se disputaría la tierra de Luisa María: Michoacán. Con antelación el expresidente de la República, Felipe Calderón, pidió al líder tricolor Humberto Moreira dejar esa entidad a su hermana “Cocoa”  y hacer un pacto para perder la elección. El coahuilense se negó y en noviembre de 2011 anunció el triunfo para su partido, con una ventaja de poco más de 52 mil votos en favor del priista Fausto Vallejo.

El priista Fausto Vallejo ganó en 2011 la elección en Michoacán frente a la panista Cocoa Calderón.

La conspiración

Desde su gestión como gobernador de Coahuila, la relación entre Humberto Moreira y Felipe Calderón era ríspida, pero aparentemente la derrota de “Cocoa” fue uno de los detonantes que impulsó una venganza político-electoral del panista hacia la entidad, que sería concretada mediante la fabricación de delitos en contra de funcionarios del estado a través de la PGR, que encabezaba Marisela Morales Ibáñez: “el coahuilazo”.

Morales conocía bien la técnica, ya la había aplicado años atrás como subprocuradora, pero ahora contaba con todas las facultades para hacer detenciones y manipular a la justicia.

La PGR se volcó en contra de quienes se consideraban los funcionarios más cercanos a Moreira Valdés en el área de Seguridad durante su gestión como gobernador de Coahuila (diciembre de 2005-enero de 2011), así lo acreditan declaraciones de los propios testigos protegidos que se utilizaron para este fin; un  golpe que consideraron tendría mayor impacto con aquellos que figuraban gran parte del tiempo en los medios de comunicación locales.

Fue entonces que el 16 de febrero del 2012 -un par de meses después de las elecciones para gobernador en varias entidades, incluido Michoacán- que elementos de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) procedieron a la detención de varios funcionarios en Coahuila.

Durante un evento de la extinta Fiscalía General del Estado el comandante Sergio Tobías Salas y el agente de la Policía Operativa, Julio César Ruiz Esquivel, fueron detenidos; mientras que en la delegación de la PGR en Saltillo aprehendieron a la ex subdelegada de la Procuraduría General de la República (PGR), Claudia González López, quien en ese momento se desempeñaba como agente del Ministerio Público auxiliar en la dependencia federal

Posteriormente se inició la persecución para aprehender a Humberto Torres Charles, hermano del exfiscal Jesús Torres, por quien incluso ofrecieron una recompensa de 3 millones de pesos.

Dos días después fue detenido el exjefe de la Policía de Coahuila, quien en ese momento se desempeñaba como subsecretario de Seguridad Pública de la Zona Norte de Quintana Roo, Manuel Cícero, por imputaciones de los mismos testigos que lo acusaban de supuestos delitos cometidos en la entidad norteña.

El 23 de febrero elementos de la SIEDO procedieron a la captura de otros mandos de la Fiscalía General del Estado: Juan Fermín Medina Torres, encargado de una mesa del grupo de Robos en Saltillo, quien fue aprehendido durante un pase de lista; mientras que Cuauhtémoc Rosales Galindo, responsable de un depósito de vehículos de la Fiscalía, fue interceptado en su vivienda.

Así mismo, acudieron en busca de Everardo Rosales Saucedo, coordinador del Cuarto Grupo de Homicidios de Saltillo, quien al ser prevenido por varias llamadas telefónicas, incluso de varios reporteros, evadió esta acción para promover recursos legales, ya que desde las primeras horas de ese día la información se filtró  a los medios locales por parte de las propias autoridades de la entonces SIEDO.

Las primeras planas de los periódicos locales y nacionales, así como los espacios estelares de medios electrónicos, dieron la noticia, una buena parte de la información fue filtrada por  los propios elementos de la PGR en Coahuila, a decir de los reporteros de la fuente.

En la Ciudad de México, en las oficinas de la SIEDO, se entregó un oficio a varios detenidos, entre ellos Julio César Esquivel, para que firmaran su autorización a fin de que su información se hiciera pública. Aunque se negaron, por la noche las fotografías de sus rostros y sus datos personales fueron presentados en televisión nacional.

El 11 de marzo de 2011 José Cuitláhuac Salinas Martínez, titular de la SIEDO, convocó a una rueda de prensa para informar que se había integrado una investigación para desarticular una red de protección a la organización delictiva de Los Zetas, que operaba en Coahuila, en la que participaron funcionarios y exfuncionarios federales y estatales.

Horas más tarde, con una extensión de cuatro cuartillas, la PGR difundió el Boletín 153/12, en el que se destacó que se habían realizado cateos en 11 domicilios (nueve en Saltillo y dos en Monterrey), inmuebles que fueron asegurados.

Añade el comunicado:

“Se identificaron a 11 servidores y exservidores públicos que colaboraban con la agrupación criminal (Los Zetas): cuatro de ellos fueron aprehendidos y actualmente enfrentan los correspondientes procesos penales; otros cuatro se encuentran arraigados, y tres más, son considerados prófugos de la justicia”.

Una vez identificados los exservidores públicos que integraban la red de protección, el agente del Ministerio Público de la Federación consignó el expediente ante un juzgado federal por el ilícito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud y, al día siguiente, un juez otorgó la orden de aprehensión.

“Glenda” era el apodo con el que miembros de la organización identificaban a Humberto Torres Charles, encargado de mantener el control al interior de la Fiscalía General del Estado, a fin de que se desviara el curso de las investigaciones que relacionaban a la organización. Había laborado en la Secretaría de Salud de Coahuila. Se le entregaban $300,000.00 mensuales.

“Valbuena” o “Balbuena” era la denominación que le daban a un policía federal y corresponde al apellido y apodo de José Luis Valbuena Flores, quien avisaba de los operativos y era el encargado de “limpiar la carretera” cuando se pasaba droga, armas o dinero, y colocaba en puntos específicos de Saltillo los filtros de revisión. Por esa actividad recibía un pago de $70,000.00 mensuales.

“Tobogán” corresponde al alias otorgado a Sergio Tobías Salas, encargado de la organización de operativos en Piedras Negras, Ciudad Acuña, Monclova, Torreón y Saltillo para transportar drogas y contrabando. A esta persona la organización criminal le entregaba entre $100,000.00 y $150,000.00 mensuales que, según los indicios, eran distribuidos en la institución.

Los otros funcionarios que fueron identificados como colaboradores de la organización son: Manuel Jesús Cícero Salar, “Viejo Loco”, presuntamente era el encargado de informar a los integrantes de la organización delictiva los lugares en donde se realizarían operativos, con la finalidad de que los evadieran; era encargado de retirar retenes en lugares por donde circulaban los colaborares de la organización para que pudieran transitar sin problemas. Además, se tiene identificado que revisaba los vehículos de integrantes de organizaciones antagónicas para evitar que operaran en la zona. Recibía $500,000.00 mensuales.

Julio César Ruiz Esquivel, “Chicho”, era el encargado de pasar información de los movimientos que había dentro de la Policía Estatal. El pago que recibía era de entre $30,000.00 y $50,000.00 pesos mensuales.

Claudia González López era quien ayudaba cuando algún miembro de Los Zetas era detenido. En el ejercicio de sus funciones, buscaba adecuar los hechos de manera que las imputaciones no fueran por delitos graves, con la finalidad de que alcanzaran fianza. Recibía $100,000.00 pesos mensuales, según destacaba parte del documento.

Fabricaron delitos: víctimas

La presunta desarticulación de una red de funcionarios de Coahuila que operaba en favor de Los Zetas se vino abajo. Algunos lograron aclarar su situación en un año, otros tardaron 2 y medio, pero otros tuvieron que esperar 5 años en proceso para acreditar su inocencia debido a la falta de recursos para agilizar su defensa.

Todos, sin excepción, fueron exonerados, se cayeron las declaraciones de los testigos protegidos mediante las cuales la PGR -que entonces dirigía Marisela Morales- basó la averiguación previa para inculpar a funcionarios de Coahuila por delitos federales, luego de que narcotraficantes identificados como “Sagitario”, “Sérpico” y “Pepillo” revelaron que fueron obligados mediante tortura física y psicológica a falsear testimonios para vincular a los servidores públicos con actividades de la delincuencia organizada.

De acuerdo con las declaraciones de los testigos protegidos, uno de los principales objetivos era inculpar al exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, quien en el 2011 se desempeñaba como presidente del PRI Nacional y había obtenido varios triunfos estatales, entre ellos el de Michoacán, en donde venció en las urnas a Luisa María Calderón.

“Después de 5 años podemos acreditar el móvil por el que fuimos perseguidos, pues existen declaraciones rendidas ante los jueces de Distrito por parte de los ‘testigos protegidos’ que firmaron en nuestra contra -hoy se acredita-, a base de tortura por parte de elementos de la SIEDO”, reveló Everardo Rosales el pasado 16 de febrero.

Con documentos demostró que los testigos, los mismos que había utilizado Felipe Calderón para inculparlos, declararon que se trataba de una conspiración política contra Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

“En Coahuila tal conspiración era para dañar legalmente al gobernador Rubén Moreira Valdez, al exgobernador Humberto Moreira Valdés, al licenciado Jericó Abramo, al licenciado Jorge Torres López, al licenciado Jesús Torres y a su hermano Humberto Torres, y a más funcionarios de Coahuila, y esta orden había sido por parte del entonces presidente de la República, Felipe Calderón. Ahora estamos seguros de que se trataba de un golpe político, sin embargo, ante la resistencia de los exfuncionarios, no lograron su cometido”, dijo.

‘Tomaba agua del inodoro’

Gerardo Hernández Sánchez, identificado como el testigo colaborador “Sagitario”, durante un careo con Enrique Sánchez Zapata que se llevó a cabo en agosto de 2013, manifestó haber sido torturado y amenazado en su integridad y la de su familia para declarar en contra de funcionarios de Coahuila y firmar documentos ya elaborados previamente.

“Casi 7 meses duré en el sótano de la SIEDO, estuve enfermo, me dejaban sin comer desde los jueves hasta los lunes, y como ellos trabajaban de lunes a viernes, yo permanecía sin comer, sólo tomaba agua del inodoro”, expresa en la diligencia.

Identifica a Guillermina (Cabrera Figueroa, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud de la PGR), y al Fiscal (Especializado en Combate a la Corrupción) Néstor Fiallo Samayoa como parte de los funcionarios que le obligaban a firmar declaraciones falsas y elaboradas con anterioridad, pero asegura que existen otros más que está dispuesto a evidenciar, aunque por temor a su integridad y las consecuencias de estos señalamientos, solicita la atención y protección de las autoridades antes de revelarlos.

“Les dije (que) cuando llegara a un penal no le mentiría a un juez, y todo esto no lo declaré antes porque he tenido más de 150  declaraciones y como lo he dicho en otras ocasiones, no todas son ciertas; todavía tengo muchos nombres, pero no quisiera decirlo porque tengo mucho miedo porque, como ya lo dije, fui torturado”, señaló.

“A mí me sacaban del centro de arraigo de la SIEDO por las tardes y noches, me encerraban en las celdas del sótano de la SIEDO y luego me subían a declarar y luego me volvían a bajar a la celda del sótano; esto fue desde el mes de abril del 2011 al primero de mayo, si mal no recuerdo, y me dejaron en el sótano de la SIEDO hasta el día 14 de septiembre del 2011, ya que tenía que declarar yo en contra de un funcionario del Gobierno del Estado de Coahuila que se encontraba en campaña en la Ciudad de México y se hizo una discusión muy fuerte”, reveló

Ante ello, el testigo solicitó ser enviado a un penal o de lo contrario intentaría suicidarse, ya que manifiesta que la intención de la SIEDO era entregarlo a un campo militar y no permitir que purgara su condena en un Cefereso.

Así mismo, el testigo conocido como “Pepillo” asegura que a base de torturas en el sótano de la ahora SEIDO, pretendían obligarlo a firmar declaraciones fabricadas, pero no lo hizo debido a que estaba imposibilitado por una lesión en su brazo, y acusó a un agente, de nombre Roberto Cuatle Tovar o Tovar Cuatle, así como a la agente Guillermina, de falsificar su firma en dichos documentos.

El testigo protegido revela que fue torturado para declarar en contra de funcionarios de Coahuila

Las inconsistencias

El 11 de marzo, durante la presentación pública, Cuitláhuac Salinas Riojas, entonces titular de la SIEDO, en conferencia de prensa con medios nacionales mostró una fotografía presuntamente de Humberto Torres Charles, hermano del exfiscal de la entidad norteña, señalando que los testigos protegidos identificaban plenamente al coahuilense como protector de Los Zetas.

Sin embargo, en ese momento nadie se percató de que dicha fotografía no correspondía al inculpado, pues se trataba de la imagen de Juan Carlos Gutiérrez Fragoso, entonces presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Durango, situación que jamás fue aclarada por las autoridades federales.

Con una fotografía equivocada, la PGR ofreció una recompensa de 3 millones de pesos. Gutiérrez Fragoso nunca se presentó ante la autoridad para aclarar la equivocación.

A la izquierda la fotografía de Juan Carlos Gutiérrez Fragoso, presidente del PAN en Durango y a la derecha la de Humberto Torres Charles

Sergio Tobías Salas, otro de los servidores públicos detenidos, permaneció por casi año y medio en el penal de Almoloya, acusado injustamente por dichos de testigos protegidos que lo vincularon con la delincuencia organizada, delitos que le fueron fabricados y que -de acuerdo con la resolución de un juez- resultaron falsos, exonerando al exservidor público de toda acusación, pues los presuntos acusadores se deslindaron de las declaraciones, ya que la PGR habría falsificado sus firmas.

El excomandante perdió su patrimonio, sin que a la fecha haya recuperado los bienes que le fueron incautados, aunado a que agentes del Ministerio Público federales adscritos a la delegación de la PGR en Saltillo aprovecharon su ausencia para robar sus propiedades, causando un daño estimado en 300 mil pesos.

Los vecinos lograron captar el momento en que los hijos de la MP federal saqueaban la propiedad

El funcionario Juan Fermín Medina Torres fue señalado como responsable del área de Homicidios y acusado de desviar averiguaciones, imputaciones que no pudieron comprobarse, ya que en ese momento era el encargado de una mesa del grupo de Robos en Saltillo; mientras que Cuauhtémoc Rosales Galindo fue acusado de desviar casos como Subdirector de Robos en Domicilios y Patrimoniales, área que nunca ha existido en Coahuila, aunado a que tiene 12 años sin realizar una función operativa y estaba encargado de un depósito de vehículos de la Fiscalía.

Durante un careo, el testigo protegido Pedro Toga Lara, identificado como “Escorpión”, señaló que la fotografía que identificó de Cuauhtémoc Rosales era de un hombre de 45 años, cuando el inculpado tiene 62 años, por lo que admitió no reconocerlo y destacó: “Ahora que lo veo, no se parece al de la foto porque el otro era más joven”.

Por su parte, Everardo Rosales Saucedo fue señalado como director de la Policía del Estado, encargado de robo de vehículos y de todos los ministerios públicos en la entidad, así como director de Homicidios y Médicos Forenses en todo el estado, pero todas las funciones se mencionaron en la misma declaración del testigo protegido, cuando su cargo era sólo el de coordinador del Cuarto Grupo de Homicidios en Saltillo, el cual nunca se mencionó.

Así mismo, pese a promover un juicio de amparo contra la orden de presentación, localización y aprehensión, en marzo del 2012 la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y otras dependencias negaron el hecho. Meses después apareció una orden de aprehensión fechada desde el 26 de agosto del 2011, lo que evidencia que la AFI falseó información a un juez.

El testigo “Sagitario” describe a Everardo Rosales como una persona de tez blanca, ojos de color y cabello café con barba, aunque sus características reales son ojos oscuros, tez aperlada y cabello negro, sin barba.

Enrique Sánchez Zapata, otra de las personas detenidas, fue señalado por estar al frente del área responsable de Armas, pero dicho cargo lo ostentaba otra persona.

A pesar de las evidentes inconsistencias y acreditar la falsedad de los testimonios, aunado a las retractaciones, algunos de ellos permanecieron detenidos hasta por dos años y medio en penales de máxima seguridad, mientras que otros esperaron cinco años para que se resolvieran sus juicios de amparo con lo que evitaron la cárcel.

Cabe mencionar que luego de realizar investigaciones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el año 2014, bajo el mando de Raúl Plascencia, concluyó que las autoridades cometieron detenciones arbitrarias en la persona de Fermín Medina y Cuauhtémoc Rosales, violando las garantías individuales de los quejosos, situación que fue notificada por oficio a los familiares de los afectados.

Revancha político-electoral

Lo anterior fortalece las declaraciones realizadas en fechas pasadas a  la revista Proceso por Juan Carlos de la Barrera Vite, quien fue titular de la Fiscalía de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud cuando Marisela Morales estuvo al frente de la SIEDO, y el cual lleva cinco preso en un penal de Matamoros, Tamaulipas, por delitos que, asegura, fueron inventados por testigos protegidos. Otro de los testigos protegidos coincide en que fue torturado.

De la Barrera Vite reveló que la exprocuradora general de la República en el sexenio de Felipe Calderón, Marisela Morales Ibáñez, dio instrucciones de reclutar testigos protegidos para que implicaran con el narco a varios políticos de peso, entre ellos a Andrés Manuel López Obrador y al propio Enrique Peña Nieto, así como al gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, y al exgobernador de esta misma entidad Humberto Moreira.

También se buscó involucrar a los generales Ricardo Escorcia Vargas, Tomás Ángeles Dauahare y Roberto Dawe González; a Zeferino Torreblanca y Manuel Añorve Baños, ambos exgobernadores de Guerrero; a los priistas Jorge Hank Rhon, Manlio Fabio Beltrones, Mariano Herrán Salvatti, Tomás Yarrington, Manuel Cavazos Lerma, Eugenio Hernández Flores y Fidel Herrera Beltrán, entre otros.

“Es una venganza de Marisela Morales Ibáñez, (porque) me negué a fabricar declaraciones en contra de políticos que estorbaban al Gobierno… Lo hizo para implicarme, incluso manipuló declaraciones de dos testigos protegidos”, aseguró el exfuncionario.

De la Barrera insiste: Morales llevaba a las reuniones semanales “una lista con nombres de funcionarios de alto nivel de los tres órdenes de Gobierno, empresarios y abogados. Daba órdenes a ministerios públicos, fiscales, coordinadores y titulares de unidad para que -con medidas indebidas, como golpes o torturas psicológicas- presionáramos a testigos protegidos y a detenidos para que les abrieran proceso y se les inventaran declaraciones. Quería elementos para condenarlos y tenerlos bajo su control. Forzaba averiguaciones previas que nunca contaban con sustento legal”.

Acreditan inocencia

Tras recibir la resolución de un juez que lo exonera de los delitos que le fueron imputados, Everardo Rosales, excoordinador de Homicidios de la Procuraduría General de Justicia de Coahuila, manifestó a la opinión pública que se trató de un golpe político contra el estado.

“Al documentar y recopilar pruebas de mi inocencia, detectamos que las autoridades intentaron fabricar delitos en mi contra, pues las declaraciones de los ‘testigos protegidos’ eran contrarias a la realidad. Decían que un servidor era de tez blanca, con ojos de color, pelo café y barba, lo cual no coincide ni en fotografías con mis rasgos personales”, dijo.

“Los testigos protegidos señalaban que a partir del año 2006 realicé varias funciones, entre ellas subdirector y director de Homicidios y médico forense del estado, encargado de Robos de Vehículos, que además iba a asumir la Dirección de la Policía Estatal y que era encargado de todos los Ministerios Públicos en el estado, todo era mentira, porque mi única labor era la de coordinador de Agentes del Ministerio Público sólo del municipio de Saltillo, pues del 2000 al 2009 fui agente del Ministerio Público y de 2009 a 2012 coordinador de Homicidios en Saltillo.

“Cabe mencionar que no fui el único inculpado, compañeros como Sergio Tobías Salas, Juan Fermín Medina Torres, Julio César Ruiz Esquivel, Enrique Sánchez Zapata, Cuahutémoc Rosales Galindo y Manuel de Jesús Cícero fueron detenidos, mientras que un servidor, Everardo Rosales, Humberto Torres y Domingo González enfrentábamos órdenes de aprehensión”, destacó.

Ante estos hechos, las víctimas del “coahuilazo” aseguran que lo perdieron todo, patrimonio, algunos la familia, la libertad, el trabajo y su reputación. “Hemos sido señalados, ofendidos, denigrados y relegados. El tiempo no regresa y algunos compañeros todavía siguen luchando para que les regresen sus bienes, pues siguen asegurados por la SEIDO”, destacó.

Piden a Anaya no lucrar con el dolor

Coahuila vive nuevamente una época electoral, igual que hace poco más de 5 años, cuando “el coahuilazo” significó un golpe político para el Gobierno estatal en turno y el partido del que emanó: el PRI.

El candidato a la Gubernatura del PAN, Guillermo Anaya Llamas, tomó el tema como bandera de campaña, pues el 11 de febrero del presente hizo señalamientos a los exfuncionarios de Coahuila a quienes nuevamente relacionó con la delincuencia organizada pese a haber sido exonerados, lo que detonó el enojo de las víctimas, quienes salieron a esclarecer los hechos y poclamar su inocencia.

           

“Sabemos que estamos en un momento electoral, y lamentamos que políticos quieran beneficiarse del dolor ajeno, dijo Everardo Rosales.

“Queremos decirle al señor que desconoce el sufrimiento que hemos vivido y el resultado de los procesos llevados injustamente en nuestra contra. Exigimos un alto a las injurias, pues tenemos en la mano pruebas que acreditan nuestra inocencia.

“Cabe decir que las acusaciones en nuestra contra fueron durante el sexenio de su compadre, Felipe Calderón, sabemos que cuando a él se le vinculó con la delincuencia organizada, su compadre le otorgó una carta de la PGR para deslindarlo; nosotros tuvimos que demostrar en tribunales nuestra inocencia, como cualquier ciudadano, sin ningún privilegio ni apoyo de por medio, en una lucha que duró años.

“Ni el señor Anaya ni quienes se atreven a señalarnos fueron encarcelados, ellos no han sufrido el tortuoso y desgastante proceso penal que vivimos junto con nuestras familias para comprobar su inocencia, como lo hicimos nosotros ante autoridades judiciales, nosotros fuimos exonerados en juicios imparciales y sin que medie interés personal alguno.

“Quiero dejar en claro que muchos perdimos familia y ni siquiera tuvimos la oportunidad de despedir a nuestros seres queridos, de estar cerca de procesos médicos de alto riesgo de nuestros familiares por temor a ser detenidos. Nos arrebataron la vida a nosotros y a nuestras familias”, destacó Everardo Rosales a nombre de las víctimas.

Calderón se deslinda

En los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón (2000-2012) las autoridades mexicanas destinaron 178 millones 261 mil 493 pesos para cubrir “gastos relacionados con la protección de testigos colaboradores”; 251 hubo con Fox y 336 con Calderón, de acuerdo con un reporte de la PGR.

A los protegidos, hablamos de narcotraficantes, secuestradores o expolicías corruptos, se les denomina con un nombre ficticio y, en algunos casos, se les proporciona dinero para su manutención, arrendamiento, cuentan con custodia y pueden solicitar apoyo de la Policía Federal si sienten que su seguridad está en riesgo.

México sigue siendo un país en donde las autoridades responsables de la procuración de justicia cuidan, protegen y mantienen a los delincuentes, y están dispuestas a encarcelar a inocentes por un asunto de venganza política.

La razón de la visita del expresidente Felipe Calderón  a Coahuila el pasado 27 de marzo fue respaldar a su compadre y hoy candidato del PAN a la Gubernatura, Guillermo Anaya Llamas. El tema obligado para los medios de comunicación fue la presunta conspiración contra el estado. Calderón Hinojosa se deslindó de los hechos y los atribuyó a la PGR, pero además negó que haya sido autor de esta afrenta contra su enemigo político: el PRI.

Buscan reparación

Ante la persecución política de la que asegura han sido objeto por años tanto él como su familia, el exfiscal del Estado, Jesús Torres Charles, rompió el silencio y reveló los vínculos que mantenía Coahuila con la Federación en la coordinación de seguridad, en la que, asegura, se toparon con la indiferencia de la Presidencia de la República. Asegura que el daño moral es irreversible; sin embargo, los afectados interpondrán una demanda contra el Gobierno de Felipe Calderón, y los funcionarios que participaron en la conspiración contra Coahuila.

Al respecto, Humberto Torres Charles, hermano del exfuncionario, destaca: “Al día de hoy estamos todos exonerados, pero desafortunadamente no ha terminado. Aunque será difícil recuperar el tiempo, queremos hacer valer nuestros derechos. Y al saber que el gobernador declaró que tras la exoneración debemos ser indemnizados, queremos hacerle el llamado para que nos apoye para ser reinstalados en nuestros puestos, puestos públicos a los que llegamos por nuestras capacidades, pues un servidor llegó a la coordinación por concurso a través de un examen”, señaló.

“Buscaremos nuestra indemnización y también procederemos penalmente, pero además solicitaremos la reparación por el daño moral que se nos causó todos estos años por el ‘coahuilazo’”.

Al respecto, el Gobernador Rubén Moreira Valdez, indicó que ante el daño moral y patrimonial que sufrieron ex funcionarios del Gobierno del Estado, víctimas de lo que hoy se conoce como el “coahuilazo”, falta una campaña para limpiar el nombre de todos aquellos que fueron perseguidos injustamente por las autoridades federales durante la administración de Felipe Calderón.

Además del daño que sufrieron los ex servidores públicos y sus familias, el Gobernador lamentó que se haya perdido la oportunidad de contar con su experiencia, al destacar que cada uno de ellos colaboró adecuadamente y con amplias capacidades en cada uno de sus cargos.

El Gobernador Rubén Moreira Valdez pidió que se limpie el nombre de estos ciudadanos, cuyos procesos legales demostraron que son inocentes; pues dijo, la afectación fue muy grave, ya que se quedaron sin trabajo, perdieron su patrimonio y fueron señalados como delincuentes, sin ningún fundamento.

 

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